Gustavo de Hoyos Walther
Uno de los grandes debates modernos es el que contrapone a los defensores de una idea de libertades muy amplias contra los apologistas de una idea de libertad muy acotada.
Ambos paradigmas tienen sus peligros. En Estados Unidos vemos cómo una legislación muy laxa respecto al uso de armas puede llevar a eventos como los asesinatos en masa en escuelas de adolescentes. Algo cada vez más normal en nuestro vecino del norte.
Por otro lado, políticas prohibicionistas pueden llevar a situaciones imposibles como la llamada Ley Seca, también en Estados Unidos, que causó más problemas que beneficios a la sociedad estadounidense en la década de los 1920s del siglo pasado.
Todo esto viene a cuento porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de otorgar un amparo a un restaurante de Morelos contra un decreto presidencial que había prohibido en 2022 la circulación y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Por ahora, el amparo sólo beneficia a la empresa Gastronómica Teopanzolco, dueña del nombre comercial La Cabrería Grill Pizza, pero no constituye jurisprudencia todavía, dado que el fallo de la Corte no alcanzó la mayoría calificada de cuatro votos.
Los argumentos principales de los ministros de la SCJN podrían dividirse en dos. Por un lado, se advierte que el decreto viola el derecho a la libertad de comercio del amparado. Por otro lado, se arguye que la prohibición total a la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos no es la medida adecuada en este caso. El fallo de la SCJN abre la posibilidad de que se ponga en marcha una medida más razonable que la prohibición: la regulación del mercado de las mercancías materia de la controversia.
La resolución de la SCJN ha causado la respuesta del gobierno federal que ha argumentado que el derecho a la salud se impone sobre el derecho a la libertad de comercio. Para ello cita resoluciones de organismos internacionales sobre supuestos daños a la salud del consumo de los sustitutos de cigarros. El problema con esta argumentación es que no parece haber un consenso científico sobre esto de la misma magnitud que existe sobre los cigarros con nicotina.
Dada esta falta de respaldo científico, el argumento de la SCJN de que el curso más prudente es la regulación y no la prohibición parece ser mucho más razonable que el de la Presidencia.
En su proyecto de resolución, el ministro Laynez Potisek sugirió que es una posición incongruente por parte de las autoridades que los cigarros electrónicos sean prohibidos en tanto que el tabaco es regulado, siendo que los primeros buscan ofrecer un sustituto menos dañino que el segundo, es decir que el tabaco.
El debate entre libertarios y prohibicionistas continuará en el futuro porque se encuentra en la médula de nuestros dilemas políticos. Es de esperar, sin embargo, que este ocurra con la ecuanimidad y razonabilidad que merece. Por lo pronto, es de celebrarse que la SCJN se coloque esta vez del lado de un libertarismo razonable.