A ESTRIBOR
Juan Carlos Cal y Mayor
PIFIA CONTRA EL PODER JUDICIAL
Si usted está pensando que el presidente y los diputados de la 4t que ya aprobaron la desaparición de los fideicomisos de la Suprema Corte se van a salir con las suya, déjeme adelantarle el final de la película y no es spoiler. Se van a topar con pared. Recibirán un nuevo revés cuando la propia Corte determine que dicho recorte es improcedente porque simple y llanamente viola derechos laborales adquiridos por la clase trabajadora de ese mismo poder.
TORPEZA
Es lo que pasa cuando se tiene pésimos asesores y diputados. Confunden la lealtad con sumisión y por ello terminan siendo desleales. Su presunta lealtad (90%) deja entrever su absoluta incapacidad (10%) en perjuicio del propio presidente. La torpeza parece ser la característica de los atropellos que ha venido cometiendo este gobierno. Por eso nada les sale bien. Por eso Dos Bocas costó el doble y el Tren Maya el triple. Un servidor leal pero capaz tendría que advertir que no es una buena idea pretender combatir supuestos privilegios del poder judicial cuando lo que se afecta son prestaciones laborales. Le evitarían la pena al presidente de ser enmendado en su error. “No es por ahí señor, eso no se puede, es inconstitucional” le diría un buen colaborador.
1% DEL PRESUPUESTO
Y es que el pretendido recorte de 15 mil millones parece mucho pero no lo es comparado con muchos otros gastos. El poder judicial de la federación, cuenta con unos 55 mil empleados entre los cuales se distribuyen como prestaciones los referidos fideicomisos. La Administración Pública Federal cuenta con más de un millón 600 mil empleados. Del presupuesto de egresos de la federación menos del uno por ciento se destina a la administración de justicia.
La Corte ha sostenido que la extinción de los fideicomisos sí afecta los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Al menos seis de estos fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Derechos que están tutelados y que no constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos de los trabajadores. Los recursos que integran estos fideicomisos son los que se requieren para el aseguramiento de estos derechos adquiridos, tanto en el presente como a futuro.
ENMENDAR LA PLANA
Los trabajadores podrían ampararse contra la determinación del poder ejecutivo y el poder legislativo. Los jueces les van enmendar de nuevo la plana como lo han venido haciendo. Esto obligaría a la Secretaría de Hacienda y al poder legislativo a corregir el presupuesto y proveer los recursos para el cumplimiento de dichas obligaciones. Es un mandato que se no puede desacatar sopena de incurrir en responsabilidades de tipo penal y administrativo previstas por la ley como el desacato de una orden judicial y el abuso de autoridad. A ver quién se quiere aventar el tiro porque el delito no prescribe en tanto persista el incumplimiento.
ESCARAMUZA
Se trata de nueva cuenta de una escaramuza más que pondrá a prueba los contrapesos de nuestro sistema democrático, representativo y federal. En su obsesión de mandar al diablo a las instituciones, el presidente atropella una y otra vez la ley. Es el mismo que al tomar posesión protesto guardar (cumplir) y hacer guardar (cumplir) la Constitución. Son esas las características que definen a un gobierno autoritario con el que los mexicanos tenemos que lidiar. De no ser porque el poder tiene fecha de caducidad, nos estaríamos encaminando a lo que hoy padecen países como Venezuela o Nicaragua. Y no, no es exageración.
PROTESTA
Trabajadores del Poder Judicial se manifestaron ayer aquí en Tuxtla y varias partes del país. Mal hacen en quemar una “piñata” del Presidente Obrador. Lo hicieron las hordas morenistas con la figura de la ministra Norma Piña y no por eso está bien. Eso demerita su causa. Tampoco está bien que bloqueen una arteria principal de la ciudad porque con ello violan derechos de tránsito de terceras personas. No se puede exigir el respeto de un derecho violando los de otros. Protestar es legítimo, pero no hay que joder al vecino.