Piden cadena perpetua para feminicidas

    • La pena máxima por feminicidio en el estado es de 65 años de prisión

Ante la persistente violencia de género en Chiapas, el diputado Juan Salvador Camacho Velasco, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, propuso revisar y endurecer las penas para feminicidas, planteando incluso la posibilidad de implementar cadena perpetua como una medida para combatir este grave problema social. Actualmente, la pena máxima por feminicidio en el estado es de 65 años de prisión, cifra que según el legislador, no ha sido suficiente para disuadir este tipo de crímenes.

Camacho Velasco enfatizó la necesidad de un consenso con los 40 integrantes de la LXIX Legislatura Local para reformar el Código Penal del Estado de Chiapas, incrementando las penas por feminicidio y sancionando a las autoridades que encubran o sean omisas ante estos casos. “No podemos permitir como sociedad que siga ocurriendo este tipo de violencia. Las leyes deben ser claras, severas y ejemplares para quienes atenten contra la vida de las mujeres”, afirmó el legislador.

Desde la emisión de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en 2016, en municipios como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, entre otros, se han registrado aproximadamente 1,500 muertes violentas de mujeres. Sin embargo, Camacho Velasco destacó que ha faltado un cumplimiento efectivo de las medidas dictadas en la alerta, como garantizar la seguridad, prevención, justicia y reparación a las víctimas.

El diputado insistió en que es urgente revisar los programas y acciones derivadas de la alerta, incluyendo la funcionalidad de los módulos de atención ciudadana y la efectividad de las órdenes de aprehensión. Además, subrayó la importancia de juzgar con perspectiva de género y de enviar mensajes claros de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres.

Camacho Velasco reconoció que la violencia de género en Chiapas tiene raíces profundas en el tejido social y cultural, especialmente en zonas como los Altos de Chiapas, donde las tasas de feminicidios y agresiones contra mujeres son alarmantes. El legislador urgió a las autoridades a realizar un diagnóstico preciso y atender las causas subyacentes, incluyendo el fortalecimiento del tejido social, el abordaje de problemáticas psicológicas y la promoción de valores culturales libres de violencia.

“El Congreso del Estado tiene la obligación de trabajar en estrategias integrales que incluyan medidas punitivas, pero también acciones de prevención y regeneración social. Es imperativo garantizar una vida libre de violencia para las mujeres de Chiapas”, concluyó.

Esta propuesta ha generado opiniones divididas entre expertos y activistas, pero pone de relieve la urgencia de abordar la crisis de violencia de género en el estado con soluciones firmes y sostenibles.

Con información de Diario Cambio22