PALABRAS CLARAS
Silvano Bautista
MARIANO DÍAZ, UN CASO PERDIDO
Me había propuesto no escribir respecto a Mariano Díaz Ochoa, alcalde de San Cristóbal de las Casas, quien desde mi perspectiva es un caso perdido. Hablar de él es como pegarle a un borracho que está tirado en el suelo, que ya no es capaz de meter las manos y por lástima se le deja en paz.
Sin embargo, la estulticia la forma tan soez y absurda en que entiende el manejo del quehacer político y administración municipal no propicia en nada a lo planteado. Díaz Ochoa es un raro ejemplo de los políticos a la antigua, que piensan se puede gobernar a su antojo no de acuerdo lineamientos que marcan las legislaturas para el quehacer político y gubernamental. Es de los políticos antiguos que no entiende que la nueva forma de gobernar requiere del consenso entre los diferentes actores de su entorno político social.
Lo ocurrido en días pasados cuando mediante la fuerza pública ordenó el desalojo de las vendedoras de dulces tradicional de un edificio gubernamental, así lo demuestra. Algunas versiones apuntan que los vendedores de dulces tenían cierto plazo para desocupar el edificio, lo que demuestra que, si usó a la fuerza pública para desalojarlos, es seña de que no fue capaz de generar el diálogo que generara el consenso para evitar recurrir a esta acción que lo pone nuevamente en el ojo del huracán. Quizás por algo las autoridades lo inscribieron en un padrón en donde se han catalogado a políticos que incurren en violencia política en razón de género para no permitirles más su participación en procesos de elección popular.
Extrañamente ha sido diputado local, diputado federal y alcalde. Sin embargo, pareciera no ha entendido los nuevos escenarios y mecanismos de la forma de hacer política en el país y en Chiapas y recurre a los métodos arcaicos del viejo régimen gubernamental del PRI, partido de donde tiene sus orígenes.
Mariano Díaz Ochoa, encabeza una administración municipal que se ha caracterizado por una serie de señalamientos, acusaciones y escándalos. Además de la galopante inseguridad, servicios deficientes, falta absoluta de rendición de cuentas y devastación ambiental en su tercer periodo de administración.
Cómo es posible que un personaje como Díaz Ochoa encabece, por tercera ocasión, el Ayuntamiento municipal. Su falta de honestidad, de vocación de servicio, de aptitud política se han evidenciado en múltiples ocasiones, refieren habitantes.
De acuerdo a un reportaje de Dulce Olvera, publicado en Sinembargo.mx, “Díaz Ochoa, antes priista, inició en octubre de 2021 su tercer periodo como alcalde. En el informe de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de Chiapas, se determinó un impacto económico no aclarado por un total de 210 millones 606 mil pesos”.
En el dictamen, se observaron ingresos no registrados, no depositados o parcialmente depositados a la cuenta bancaria; documentación comprobatoria y/o justificativa inexistente; recursos transferidos indebidamente a cuentas bancarias de otros fondos; contratación de personal que no cumple con los requisitos que marcan la legislación y normatividad aplicable; conceptos de obra con defectos o vicios ocultos; remuneraciones no recibidas por el personal, entre otras irregularidades.
Habitantes de la comunidad La Candelaria, recordaron el ecocidio que su hermano cometió en el humedal “María Eugenia”, un Área Natural Protegida y sitio ramsar clave para la recarga natural de agua.
“El Partido Verde es un asco que de Verde no tiene nada”, afirmó un vecino de San Cristóbal, un municipio donde el servicio de agua potable es intermitente.
En noviembre de 2021, un mes después de que el alcalde inició su tercer periodo, vecinos del Consejo General de la Zona Sur y la Defensa de los Humedales presentó dos denuncias ante la Fiscalía de Chiapas por ecocidio y por intento de homicidio contra Ricardo Díaz, hermano del alcalde.
“En un predio entró un camión a dejar materiales de construcción y relleno en el polígono del sitio ramsar humedales de montaña ‘María Eugenia’, el cual es un Área Natural Protegida de carácter internacional que el Estado mexicano está obligado a defender. Este predio pertenece a la familia Díaz Ochoa, se intentó dialogar con Ricardo Díaz para que pararan este proceso de destrucción del humedal y manifestó que era su predio, pese a que ha sido clausurado desde el 2015 por la Profepa”, narró en rueda de prensa frente a la Fiscalía estatal un vecino del Consejo General de la Zona Sur.
Pese a todos estos antecedentes, el político del Verde Mariano Díaz Ochoa sigue en función.