LA SOBREREPRESENTACION LEGISLATIVA FRAUDE A LA LEY
Fernando Hinterholzer Diestel
El 2 de junio, cambio la realidad del país como producto del voto mayoritario en las urnas. Pero para muchos, nos resulta innegable que hubo un proceso viciado por la parcialidad de autoridades electorales y la incapacidad de los Tribunales para garantizar una contienda justa, pero la votación democrática es inequívoca, ganó la señora Sheinbaum con 36 millones de votos, y con ella Morena y sus partidos aliados. Ante el resultado hay un normal reclamo de los opositores respecto de la actitud de los grupos radicales dentro de la alianza ganadora, quienes no han mostrado espíritu de generosidad ante la magnitud del triunfo de la presidenta electa; la postura de estos se presenta como irreductible. Los números no son unanimidad ni cheque en blanco. Hoy, el frente que corresponde atacar unidos, como sociedad civil, es el de la interpretación que deba darse a la sobrerrepresentación en ambas Cámaras, decisión a cargo del Tribunal Electoral.
A Morena y al presidente López Obrador, no le bastaron organizar una elección de Estado, con una cínica compra de votos, más de cien de intervenciones ilegales en los comicios del Ejecutivo, y todo ello con el beneplácito de un INE inactivo y colonizado, las numerosas transas cometidas antes y durante la jornada electoral, con la ayuda del crimen organizado que hizo su labor de manera soterrada pero efectiva. Todo lo anterior no fue suficiente, a pesar de la apabullante victoria contra la coalición opositora, y ahora buscan, también, un porcentaje de sobrerrepresentación en las cámaras que excede en mucho al 8 por ciento permitido por la Constitución. La ilegal sobrerrepresentación le daría a Morena y a “sus rémoras” la mayoría calificada que se necesita para operar las reformas constitucionales. Dichas reformas corresponden a las iniciativas presentadas el pasado mes de febrero, las cuales convertirían nuestra democracia en un régimen autoritario, o sea en una dictadura, pues los contrapesos al poder presidencial quedarían prácticamente eliminados. El Poder Legislativo en calidad de “peleles” aprobarían las iniciativas presidenciales “sin siquiera leerlas, sin osar cambiarles una sola coma, plenamente doblegado ante la figura presidencial”. Los poderes judiciales, el federal y estatales dominados ya que los jueces aplicarían la ley, bajo las órdenes del presidente, los gobernadores y los fiscales estatales.
La composición del Congreso está atorada, mientras que el INE no defina conforme a las leyes electorales, la integración de las bancadas legislativas, tanto en el Senado como en Diputados, es claro que Morena y sus socios quieren apropiarse del derecho de tener el 74% de legisladores, cuando conforme a la votación alcanzada solo les alcanza el 54%. La oposición deberá pelear hasta sus últimas consecuencias para que no se lleve a cabo semejante atraco so pena de quedar eliminada políticamente hablando. La oposición debe de tener la fuerza para que, en caso de que el INE insista en darle una sobrerrepresentación por arriba del 8% al partido en el poder y aliados, y promuevan los recursos legales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “El artículo 54 constitucional establece que ningún partido puede tener más de 300 diputados, por las dos vías mayoría relativa y representación proporcional, y el porcentaje de sus diputados en la Cámara no debe sobrepasar por más de ocho puntos el porcentaje que haya recibido en la elección respectiva”.
El INE, organismo encargado de hacer la asignación de los plurinominales, y el TEPJF, responsable de resolver las impugnaciones, debieran considerar que la aplicación literal del texto constitucional viola el derecho de los partidos minoritarios, ya que las mayorías pueden perfectamente modificar por sí mismos la Constitución y porque la minoría no tendría el porcentaje suficiente de diputados para presentar una acción de inconstitucionalidad, que es de 33% de acuerdo al artículo 105. Asignar así los diputados plurinominales es, claramente, un fraude a la ley, porque rompe el espíritu de la Carta Magna, que busca que cualquier reforma a ese texto derive de la negociación parlamentaria y porque va en contrasentido de la protección de las minorías. Esto tendría que revisarlo el Tribunal Electoral, como lo hizo en el caso de los derechos políticos de los ciudadanos en reclusión. Y ésa es la razón por la que el oficialismo –que es el responsable de que la Sala Superior del TEPJF sólo tenga actualmente cinco de sus siete integrantes– quiere impedir a toda costa que el órgano se complete. Sabe que, en estos momentos, ganaría la votación en la Sala Superior
Como oposición los partidos de la coalición, PAN, PRI y PRD deberán impedir a toda costa el “robo a despoblado” del oficialismo con ayuda del INE y el Tribunal, para rebasar los márgenes de la sobrerrepresentación. Ante una oposición disminuida y dividida, la 4T continua con la máxima del cacique tabasqueño de concentrar más poder en manos de la nueva presidenta y del mismo AMLO. Si no se pudiera impedir la sobrerrepresentación de Morena y secuaces en el Congreso y si se da la reforma judicial, sería un hecho consumado que “el régimen democrático y la división de poderes que dan sustento al pacto federal”, terminarían para dar paso “a la nueva dictadura mexicana”. Los votos en las urnas por la mayoría de los mexicanos en favor de Claudia Sheinbaum el 2 de junio, no representan un cheque en blanco para destruir la democracia y el futuro de los mexicanos.
ES CUANTO
ADDENDUM: “Las son terribles, 20 muertos, 19 de ellos aventados como reses en un camión, en la zona, La Concordia, Chiapas, cercana a la frontera, una zona clave para el tráfico de drogas y personas y que se disputan desde hace meses dos grandes carteles criminales. En abril pasado se dio a conocer una noticia que tuvo amplia difusión en Chiapas y en el país: donde un líder de un grupo de criminales lee una proclama diciendo que lo que se vive en el estado no es una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Chapitos, sino de éstos con ellos, que se identifican como el cártel Chiapas-Guatemala”. En la comunicación acusaban, una vez más, al gobernador Rutilio Escandón, y a los principales funcionarios de seguridad, de trabajar para los criminales del cartel de Sinaloa a cambio de fuertes sumas de dinero”.