La impunidad de los Ayotzinapos

LA IMPUNIDAD DE LOS AYOTZINAPOS

Fernando Hinterholzer Diestel

La sociedad en general y los medios de comunicación, no se dejan de estremecerse que, mientras la muerte del estudiante Yanqui cimbró a los gobiernos de Guerrero y al Federal y que genero una serie de relevos en el gobierno estatal, mientras para quienes realizan actos de vandalismo, muchos de ellos graves, exista tal grado de impunidad, volviendo sus exigencias en una especie de extorsión a las autoridades. Si el estudiante de Ayotzinapa fue vilmente asesinado como dicen las investigaciones iniciales debe ser castigado el policía responsable, pero también deben ser investigados y sancionados, los responsables, para quienes han vuelto a la violencia y el vandalismo como una manera abierta y cotidiana de operar. La tragedia de la desaparición de los 43 en Iguala, en 2014 no puede ser una patente de corso, para robar, quemar, provocar. No tienen derecho los pseudo estudiantes de Ayotzinapa a robar camiones y mercancías, a incendiar autobuses, a secuestrar a miembros de la Guardia Nacional o penetrar por la fuerza a Palacio Nacional, o a quemar el Palacio de Gobierno en Chilpancingo. Al final, lo que se debe imponer es el imperio de la ley y no la impunidad que se ha generado por esos “actos de terrorismo puro”.

Sí existen pruebas y responsables de los muchos actos “de violencia y terrorismo” que han cometido “los Ayotzinapos” bajo el amparo de la bandera de los 43 desaparecidos. Y bien sabemos que el amañamiento político lo ha negado, y en la mayoría de los casos, la aplicación de la ley. Y cuando eso sucede, se pierden la justicia, y la credibilidad de la población en sus instituciones. Y se genera, a su vez, la brutalidad, como causa inevitable de la propia impunidad. El gobierno de la 4T, ya conoce que no hubo “un crimen de Estado en Iguala” y que los miembros del Ejército detenidos por el caso, son inocentes, pero por alguna razón no quieren cerrar el caso Ayotzinapa, aceptando la versión de gobierno de Peña Nieto. Se continúa con la impunidad ante una violencia que cada vez es más intensa y más dañina en términos sociales, económicos y políticos. Y en ella participan desde normalistas hasta integrantes de grupos criminales. Y no sucede nada, en ningún solo caso, ha habido alguien procesado por esa violencia cotidiana. La situación en Ayotzinapa es compleja y requiere un enfoque multidimensional para abordarla de manera efectiva. Aquí hay algunas sugerencias para calmar los reclamos violentos y abordar las causas subyacentes.

Diálogo y negociación: es fundamental establecer un canal de comunicación abierto y constructivo con los estudiantes y sus representantes para abordar sus preocupaciones y demandas de manera pacífica; Investigación transparente, es crucial investigar a fondo los reclamos de los estudiantes y garantizar que se aborden de manera transparente y justa. Esto puede ayudar a restablecer la confianza en las autoridades y reducir la tensión; Justicia y rendición de cuentas, se deben emprender acciones concretas para garantizar que los responsables de cualquier violación de derechos humanos o corrupción sean llevados ante la justicia. Esto puede incluir reformas en el sistema de justicia para garantizar su eficacia e imparcialidad; atención a las necesidades socioeconómicas, muchas veces, los reclamos violentos y los actos de terrorismo surgen de la desigualdad socioeconómica y la falta de oportunidades. Es importante implementar políticas que aborden estas desigualdades y brinden oportunidades de educación y empleo para los jóvenes; Medidas de seguridad apropiadas, mientras se trabaja en resolver las causas subyacentes de los reclamos violentos, también es importante garantizar la seguridad de la comunidad escolar y la población en general; esto puede implicar el despliegue de fuerzas de seguridad apropiadas para prevenir la violencia y proteger a los ciudadanos; apoyo psicológico y emocional: Los eventos traumáticos pueden tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de los estudiantes y la comunidad en general. Es importante proporcionar apoyo psicológico y emocional para ayudar a las personas a sobrellevar el trauma y trabajar hacia la curación y la reconciliación. Es esencial que estas medidas se implementen de manera coordinada y con la participación activa de todas las partes interesadas, incluidos los estudiantes, las autoridades gubernamentales, la sociedad civil y la comunidad internacional, si es necesario. La resolución pacífica de conflictos y la búsqueda de justicia son fundamentales para construir una sociedad más justa y segura. 

Sí, los actos de terrorismo deben ser castigados de acuerdo con la ley. Es fundamental que cualquier acto de violencia, incluidos los dirigidos contra edificios públicos, sea investigado de manera exhaustiva y que los responsables sean llevados ante la justicia. Sin embargo, también es importante abordar las causas subyacentes que pueden estar impulsando este tipo de comportamiento. La falta de acceso a la justicia, la desigualdad socioeconómica, la corrupción y la falta de oportunidades pueden contribuir a la frustración y la desesperación entre los jóvenes, lo que a su vez puede llevar a actos de violencia. Por lo tanto, mientras se castigan los actos de terrorismo, también es crucial trabajar en la prevención y abordar las raíces del problema. Esto puede incluir la implementación de políticas que aborden la desigualdad socioeconómica, la mejora del acceso a la educación y al empleo, así como el fortalecimiento del estado de derecho y las instituciones democráticas.

Es importante que cualquier medida que se tome se base en el respeto a los derechos humanos y el debido proceso legal, asegurando que se protejan los derechos de todos los involucrados, incluidos los estudiantes de Ayotzinapa y cualquier persona afectada por sus acciones.

ES CUANTO

ADENDDUM: el INE duerme el sueño de los justos, “dice que son los ciudadanos los que cuentan los votos y que eso asegura la transparencia y legalidad de los procesos comiciales”, cuando es evidente que los criminales los han rebasado. Ésta no tiene que rellenar urnas, ni acarrear o comprar a nadie, el secreto está en las actas de escrutinio. Discutir lo plasmado en las actas es peor que discutirle al árbitro. La ingenuidad de pensar que proteger a los funcionarios de casilla el día de elección basta resulta muy estúpida, sabiendo que dichas personas son visitadas con tiempo suficiente para que callen ante la criminal operación que tiene como objetivo la imposición de los candidatos preferidos por la delincuencia. Y no habrá nadie que salga a denunciar, estando en peligro su integridad personal.