– Cámaras advierten daños al abasto, transporte y economía por bloqueos en aeropuerto y Pemex de Tuxtla –
Cuatro organismos empresariales de Chiapas rechazaron los bloqueos realizados por integrantes del magisterio en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo y en las instalaciones de Pemex en Tuxtla Gutiérrez, al considerar que estas acciones afectan la movilidad, el abasto de combustible y la estabilidad económica del estado.
El pronunciamiento fue firmado por CANACO SERVYTUR Tuxtla, CANIRAC Chiapas, CANACINTRA Tuxtla y COPARMEX Chiapas, cámaras que representan a sectores como el comercio, los servicios, el turismo, la industria restaurantera y la manufactura.
Los empresarios reconocieron el derecho a la protesta, pero señalaron que ninguna causa justifica el cierre de infraestructura estratégica ni la afectación directa a ciudadanos, trabajadores, usuarios y negocios que dependen de la operación normal de estos puntos.
La postura empresarial se dio después de que docentes de la CNTE bloquearon durante varias horas los accesos del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, en Chiapa de Corzo, lo que provocó complicaciones para pasajeros y operaciones relacionadas con la terminal aérea.
A esta acción se suma el bloqueo que el magisterio mantiene en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en Tuxtla Gutiérrez, una protesta que ya comenzó a generar problemas en el suministro de combustible en gasolineras de la capital y municipios cercanos.
En el comunicado conjunto, las cámaras advirtieron que los bloqueos paralizan parte de la economía local, complican el transporte de personas y mercancías, ponen en riesgo la seguridad pública y dañan el patrimonio colectivo.
Por ello, exigieron a los gobiernos federal, estatal y municipal actuar de inmediato para restablecer el orden, garantizar el libre tránsito y asegurar el abasto de combustible. También pidieron proteger a usuarios, trabajadores y empresarios afectados por las movilizaciones.
Los organismos empresariales señalaron que la falta de condiciones mínimas de legalidad compromete la estabilidad de toda la región, especialmente en un momento en que distintos sectores productivos dependen de la movilidad carretera, aérea y del suministro regular de energéticos.