TIEMPOS ACIAGOS NOS ACECHAN
Fernando Hinterholzer Diestel
Durante las últimas dos semanas, la agitación política por las Reformas al Poder Judicial propuestas por el presidente López Obrador han causado una serie de análisis y reflexiones y declaraciones por parte de grupos empresariales, barras de abogados y por supuesto, de nuestros socios comerciales en el T-MEC. Tal parece que el presidente saliente se ha olvidado del grado de conexión e interdependencia económica que tiene México con nuestros vecinos del norte, así como de las implicaciones de la reforma judicial en la relación trilateral bajo el marco del T-MEC. El hecho de que el partido oficial tenga la mayoría absoluta para cambiar la Constitución Política de México, ha provocado un aumento en el riesgo que representa invertir en México, y cualquier cosa puede pasar sin que haya nada que lo evite. No habrá contrapesos a “la presidencia autocrática” y ante la eventual destrucción del Poder Judicial, tampoco habrá la posibilidad de acceder a la justicia, ahí radica el gran temor de empresarios e inversionistas. La Constitución, las leyes, los contratos, e incluso los tratados firmados por nuestro país se convierten en letra muerta que cualquier día pueden ser cambiados o ignorados según convenga con un Congreso de mayoría calificada sometido al Poder Ejecutivo. No habrá garantías de nada.
El ignorar las reacciones y advertencias como las que ha generado la reforma judicial es algo muy preocupante, especialmente cuando la perspectiva económica del país es tan pobre. De acuerdo a las estimaciones más recientes del Banxico, en 2025 el crecimiento económico apenas llegará al 0.9 por ciento. Esto derivado, de “la falta de margen presupuestal, el déficit fiscal, la deuda pública y la caída en la nueva inversión extranjera directa”. México requiere fomentar la inversión privada, tanto nacional como extranjera; lamentablemente, lo que se está logrando es precisamente lo contrario: alejarla. Estamos enfrentando a una situación mucho más grave que la cancelación del aeropuerto en el 2018, ya que los cambios propuestos trascienden el presente y alteran las reglas del juego para el futuro. Varias de las reformas constitucionales amenazan los derechos humanos, la seguridad y la justicia, y pretenden desmantelar los cimientos de nuestra incipiente democracia. La idea del presidente saliente es dejar con las manos atadas a su sucesora, toda vez que asumirá el cargo una vez que varias de dichas reformas hayan sido aprobadas. Esto va a impedirle a la Dra. Sheinbaum frenar o moderar los cambios hechos por el Congreso, “buscando obtener réditos políticos de su “legado” sin afrontar los costos económicos y sociales que implicarán.
Todos los mexicanos esperamos que la próxima presidenta gobierne en un marco democrático, respetando las leyes y la Constitución, sin embargo, las reformas aprobadas ya en el Congreso, seguramente representarán un obstáculo significativo para que eso ocurra. La historia ha demostrado siempre que “ningún poder absoluto se regula solo, y que los esfuerzos por limitar los abusos deben provenir de la ciudadanía y las instituciones”. La administración de Sheinbaum será la continuidad del Obradorato gracias a la actitud tan radical y polarizante con la que López Obrador termina su administración, y aunque la primera presidenta mexicana de la historia pueda salir avante en los primeros tres meses, el panorama para el año 2025 es complicado, los bancos, las calificadoras internacionales y los economistas financieros pronostican “un año económico difícil, con posibles turbulencias y movimientos de capitales, un tipo de cambio volátil al alza, un crecimiento mínimo estimado en 1.3%” (Deutch Bank) y, lo más grave, fuga de capitales y cancelación de inversiones si se aprueba el nuevo modelo judicial que politiza y manipula, la impartición de justicia, el Estado de derecho y la certidumbre legal que reclaman los inversionistas nacionales y extranjeros.
Y no es que dudemos de la preparación y eficiencia que tendrán los funcionarios del gabinete de la Presidenta electa para resolver las turbulencias y problemas que vengan; pero tampoco es verdad lo que nos dicen, con el discurso populista o engañabobos de que “no pasara nada”, que “la economía está muy fuerte” o que “los mercados están mal informados y no habrá ningún peligro”. El escenario real es que sí habrá consecuencias negativas con la ya aprobada reforma al Poder Judicial y la también ya decidida de los organismos autónomos. Lo que tanto López Obrador como la presidenta electa han señalado y denostado como “presiones injerencistas”, “estrategias políticas de los adversarios” o “campañas de desinformación”, son en realidad advertencias serias de lo que puede desencadenar “la politización e improvisación de los jueces, magistrados y ministros que conforman las instituciones de justicia mexicanas”.
La demagogia y las mentiras sobre que “van a democratizar y a limpiar al Poder Judicial” y los polarizantes ataques con los que generalizan, señalando que todos los jueces federales “son corruptos y nepotistas”, no evitará toparse con la terca realidad. La preocupación, el nerviosismo y la desconfianza que ya genera esta reforma en México y en el extranjero se incrementara aún más, cuando sean aprobadas, entre los inversionistas, por la eliminación y sustitución de las instituciones judiciales mexicanas, no son solo dichos o palabras, sino mensajes reales de los que mueven los capitales nacionales y extranjeros, y que podrían decidir abandonar a México si no les gusta el nuevo modelo de justicia o no les garantiza certidumbre para sus inversiones. Otro tema relevante que se maneja para el año 2025, es cuánto tiempo más, requerirá la presidenta Sheinbaum en asumir el poder y se deslinde públicamente de su antecesor para tomar ya sus propias decisiones y delinear su estilo personal de gobernar. Seguramente esto sucederá en 2 años cuando termine el plazo para convocar las elecciones intermedias o invocar una revocación de mandato. Pero también existe la posibilidad de que Estados Unidos ordene detener al expresidente de México López Obrador, para enjuiciarlo por encubrir y proteger al narcotráfico, lo que sería un escenario inédito en la historia de las relaciones México-Estados Unidos, y con ello evitar el tan temido “neomaximato”. La queja de Estados Unidos y Canadá es porque la reforma judicial genera incertidumbre jurídica, que es lo que impacta en el acuerdo comercial norteamericano, que también sería violado con la desaparición de los órganos electorales, que se concretará en unos días, por violar cláusulas democráticas.
En caso que México saliera del T-MEC habría graves consecuencias para el país. Las económicas: pérdida de acceso preferencial al mercado norteamericano; disminución de Inversiones Extranjeras; Impacto en el Empleo; Devaluación del Peso y Volatilidad Financiera. Las políticas: deterioro de las relaciones diplomáticas; aislamiento internacional; crisis de gobernabilidad. Las sociales: aumento de pobreza y desigualdad; migración masiva; descontento social. En resumen, la salida de México del T-MEC tendría consecuencias devastadoras en múltiples niveles, afectando gravemente la estabilidad económica, política y social del país. ES CUANTO
ADENDDUM: “la narcoinflación: es el fenómeno en el que el crimen organizado impacta directamente en la economía a través de actividades como el cobro de derecho de piso (una modalidad de extorsión). Esta situación obliga a productores, transportistas y comerciantes a incrementar sus precios para compensar los costos adicionales generados por esta”.