• El sector privado y expertos coincidieron en que es necesario entablar un diálogo para resaltar los beneficios de los mismos, ante la propuesta de AMLO de desaparecerlos.
México.- Ante la posibilidad de que se eliminen todos los organismos autónomos del país, como será propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el próximo 5 de febrero al Congreso, es necesario entablar un diálogo para resaltar los beneficios de los mismos, coincidieron sector privado y expertos.
“A partir de un acercamiento, lo primero es que el Presidente (AMLO) se va a dar cuenta de que la Cofece es su aliada. La Cofece está luchando todos los días para desmantelar todos los acuerdos que puedan existir en los mercados entre empresarios para subir precios, esto ha sido sancionado en muchas ocasiones por la Cofece, y esos desmantelamientos son importantes para todos nosotros los consumidores y también para el Presidente”, dijo Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), Capítulo México.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), señaló que los organismos constitucionales autónomos son necesarios porque tutelan de forma técnica y especializada algunos derechos fundamentales.
Explicó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) desempeña un papel relevante en la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, la competencia en el sector, el acceso equitativo a los servicios de comunicación, así como en las garantías de protección y promoción a los derechos de las audiencias.
“La intención del presidente es política para adueñarse de sus presupuestos y electoral con el tema de las pensiones, pero en el fondo inconstitucional porque los entes autónomos forman parte de la característica progresiva de los derechos fundamentales”, dijo.
Puntualizó que el Estado, vía el gobierno, tiene la obligación de diseñar y ejecutar políticas públicas en materia digital y de telecomunicaciones, pero la actual administración ha carecido de ello, incluso desapareció la Subsecretaría de Comunicación.
“Y para eso está el IFT, para que sus decisiones sean lo más técnicas y especializadas y lo menos políticas posibles. El gobierno tomaría decisiones discrecionales, lo cual afecta las inversiones y el avance de la digitalización. Los órganos constitucionales son el mejor diseño institucional con el que cuenta el Estado”, resaltó.
Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de asuntos de competencia y regulación en México Evalúa, dijo que “es muy difícil que en la práctica se logré desintegrar a estos organismos, además de que es ilegal hacerlo, ya que se estaría metiendo en un grave problema, pues son órganos constitucionalmente autónomos, asimismo requeriría de la mayoría calificada en el Congreso que, actualmente, no tienen”.
Agregó que en el caso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se requeriría modificar la Ley de los Órganos Coordinados de Energía, lo que implicaría un esfuerzo político relevante ya que se dejaría en incertidumbre jurídica a la industria energética.
“Además, conllevaría trasladar funciones y presupuesto a la Secretaría de Energía, con lo que se generaría una incertidumbre demasiado grande en materia regulatoria, justo en el momento en el que necesitamos organismos fuertes, técnicos y confiables”, señaló.
Con información de El Financiero
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