• Busca echar atrás desde la carta magna la herencia “antipopular” del neoliberalismo
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de iniciativas de reforma a la Constitución que busca echar atrás desde la carta magna la herencia “antipopular” del neoliberalismo.
Desde el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, en el marco del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el jefe del ejecutivo federal planteó las razones por las que lanza estas propuestas.
«Conmemoramos en esta fecha histórica un aniversario más de la Constitución de 1917, vigente; y en este recinto, donde se aprobó la Constitución liberal de 1857, doy a conocer al pueblo de México los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista, todos ellos, todas esas reformas del periodo neoliberal, contrarias al interés público”.
López Obrador expuso que las reformas promovidas en 36 años del periodo neoliberal representaron “adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra carta magna, que fue fruto de un movimiento popular revolucionario y por lo mismo, concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social, y subrayo, público”.
Refirió que las reformas que enviará al Congreso de la Unión buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia “que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional”.
“Sostengo que el humanismo mexicano se nutre de la herencia cultural que nos legaron las grandes civilizaciones mesoamericanas y de la fecunda histórica política de nuestro país, con sus próceres ejemplares, como el padre de nuestra Patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que no sólo luchó por la Independencia, sino también y con mayor énfasis, por la justicia”.
Como lo había anunciado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su propuesta de reforma electoral y al Poder Judicial de tal manera que consejeros electorales, ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular. En paralelo, propondrá la reducción de regidores en los municipios; eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales con lo cual se reducirá a 300 diputados y 64 senadores.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, López Obrador fue enfático en señalar que se convertirá en política de Estado la austeridad republicana, por lo que “se volverá a redactar, con mayor claridad y contundencia el artículo 127 constitucional para reforzar el principio de que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República. Con ello, dijo, se honrará el legado de Benito Juárez.
En el ámbito económico, destaca la reforma para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad a la cual se le devolverá su carácter de empresa pública y estratégica, en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional. Este criterio se eliminó, dijo, durante el periodo neoliberal para favorecer la privatización de la industria eléctrica.
Anunció también que se prohibirá en la Constitución el uso del maíz transgénico, la extracción de hidrocarburos mediante el fracking y hacer respetar las zonas donde haya escasez de agua por lo cual sólo se autorizará concesiones para el uso doméstico.
Otra iniciativa pretende modificar la edad para recibir la pensión de adultos mayores, así como convertir la pensión para personas con discapacidad en universal; otorgar becas para estudiantes pobres así como garantizar la atención médica integral. Que los trabajadores “puedan ser dueños de sus viviendas”; prohibir el maltrato animal.
Destaca también la propuesta de salario mínimo para maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos e integrantes de la Guardia Nacional, así como garantizar que bajo ninguna circunstancia el salario mínimo se incremente por debajo de la inflación.
Finalmente, en materia de seguridad, para evitar que la Guardia Nacional se corrompa como ocurrió con la desaparecida Policía Federal, se propone esta nueva institución creada para realizar tareas de seguridad se traslade a la Secretaría de la Defensa Nacional; además de endurecer las penas para el delito de extorsión que comete el crimen organizado así como los delitos de cuello blanco perpetrados a través de empresas factureras.