– Acusan que la detención de Mario Gómez López cuando se dirigía a su trabajo como albañil es una represalia por su lucha en defensa de los derechos humanos –
Más de 50 organizaciones y colectivos denunciaron que la detención del defensor tsotsil Mario Gómez López, ocurrida el 24 de enero en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, es una violación a los derechos humanos y exigieron su liberación inmediata.
En un comunicado conjunto, señalaron que su arresto se dio en el contexto de una estrategia de seguridad enfocada en la creación de la policía militarizada Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, además de operativos, cateos y detenciones masivas. Acusaron que estas acciones han generado violaciones al debido proceso y que Gómez López fue privado de la comunicación con su defensa y su pareja, la también activista Pascuala López López.
El defensor, quien forma parte de la comunidad Santa Cruz, fue detenido por policías municipales cuando se dirigía a su trabajo como albañil. Dos horas después, fue puesto a disposición de la policía ministerial y trasladado al penal de El Amate, en Cintalapa, acusado de atentados contra la paz, daños y otros delitos que las organizaciones calificaron de «eminentemente políticos».
De acuerdo con los denunciantes, esta detención está vinculada con la lucha de Gómez López y su pareja por la justicia en el asesinato de su hijo Mateo, ocurrido en febrero de 2021. Mateo fue ejecutado tras haberse negado a ser reclutado por un grupo criminal en San Cristóbal, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar medidas cautelares a su familia desde enero de 2023.
Las agrupaciones señalaron que el caso es un ejemplo de cómo la población civil queda atrapada en la disputa territorial entre grupos delincuenciales, sufriendo hostigamiento, amenazas y violencia sistemática. También denunciaron que Pascuala López ha sido víctima de violencia misógina y racista, y que las autoridades no han garantizado su protección.
Finalmente, acusaron que la detención de Mario Gómez es una represalia directa por sus denuncias contra grupos criminales y señalaron que su vida y la de Pascuala están en riesgo. Exigieron su liberación inmediata y el respeto irrestricto a sus derechos judiciales. (Con información de La Jornada. Foto: Cuartoscuro)