MILES DE DESAPARECIDOS CLAMAN JUSTICIA
Fernando Hinterholzer Diestel
El pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Desde luego la fecha no debe pasar desapercibida. La ONU en su resolución del 21 de diciembre de 2010 resolvió que “los Estados parte –como lo es México– deben “observar este día”. El Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada se encuentra con un enorme problema en México: no hay cifras de cuántas de las más de 100 mil desapariciones se dieron de manera forzada, es decir, con la participación o consentimiento de policías o personas del gobierno. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda “entre el 30 de diciembre de 2018 a la fecha han desaparecido 35,270 personas en México”. Se trata de 105,810 víctimas de desaparición (directas e indirectas), lo cual representa una cifra escandalosamente alta. Pero el problema persiste: no se conoce cuántas son de forma forzada. La conmemoración del Día Internacional de Víctimas de las Desapariciones Forzadas la semana pasada, ofreció la oportunidad a que nuevamente se manifestaran en calles y plazas el reclamo “por la falta de atención y de impartición de justicia por parte de nuestras autoridades”. Se insistió nuevamente, en el horror que esa realidad tiene sumido a México, “en un macabro escenario de fosas clandestinas”, un reguero de restos humanos, cadáveres almacenados y una ciudadanía triste, dolida y agraviada hasta la médula que busca desesperadamente conocer el destino que corrieron sus familiares
Los colectivos de madres buscadoras y familiares emitieron un mensaje a las autoridades y gobierno mexicano, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay más de 111 mil personas desaparecidas, más del 50% de los casos ocurrieron en los últimos cinco años. Del 1° de diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012, según las cifras del RNPDNO, “desaparecieron 15,712 personas”. “De diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018, desaparecieron 32,998 personas según la misma fuente gubernamental”. Pero en el gobierno de la 4T, al cual le queda un año todavía ya se duplicó el número de personas desaparecidas respecto a las administraciones anteriores. “En mayo de 2022 se alcanzó la cifra superior a las 100 mil personas desaparecidas en México”. Hace un par de semanas, la crisis de personas víctimas de desaparición le estallo al gobierno de López Obrador, con los reclamos sociales por los últimos hechos violentos particularmente lo sucedido en los estados de Jalisco y Veracruz, que provoco “el enojo del señor presidente” y la obligada renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). “Los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) indican que de 1964 a la fecha existen más de 111 mil personas desaparecidas”. De estas, casi el 40% ocurrió en lo que va del sexenio, es decir, más de 44 mil personas.
Pese a que la crisis de desaparecidos va aumentando año con año, AMLO lo niega sistemáticamente y evita responder toda pregunta sobre el tema, negándose además a reunirse con las víctimas, y los colectivos de búsqueda que investigan el tema. Ante todo, reclamo el presidente minimiza e insiste que “vamos bien”. Sin embargo, el hallazgo permanente de restos humanos y las más de 3 mil fosas clandestinas registradas desde el 1 de diciembre de 2018, han llevado a que el presidente finalmente, ofrezca atención a tan delicado tema. Lamentablemente, la respuesta del mandatario “fue muy cínica”, en lugar de escuchar el reclamo social, crecer el gasto para mejorar las capacidades institucionales y atender a las víctimas, “López solicitó se revisase el RNPED con el fin de reducir la estadística oficial”, osease maquillar las cifras. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), la última cifra disponible es de 111 mil 49 “personas desaparecidas y no localizadas”. En lo que va de la administración de la 4T, existe un registro de más de 43 mil desapariciones en todo el país: “un promedio de 25 personas por día”. La mayoría de los expertos creen que esta cifra está subregistrada. Y además señalan, y tienen razón, que “las autoridades no harán nada para encontrarlos”. Está claro que no es responsabilidad de los familiares buscar a sus familiares, ello es responsabilidad del Estado. Utilizar a los empleados públicos para asegurar que alguien sigue desaparecido, antes de buscarlo en aquellas zonas donde es probable que esté, es una falla muy grave para los familiares. Además, que nunca se logrará reducir la incidencia de este delito si no se dedican recursos “para combatir el narcotráfico, el tráfico y trata de personas, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, los delitos en contra del medio ambiente, la piratería, el contrabando, los delitos electorales, entre muchos otros”. Es decir, para reducir la desaparición de personas el Estado está obligado a combatir los fenómenos criminales, desarticular redes de corrupción, recuperar el territorio, sancionar los delitos y prevenir que existan nuevos casos. Lamentablemente a López no le interesa que haya menos víctimas, sólo le interesa abatir la estadística de desaparecidos.
La desaparición es una de las situaciones más crueles que puede enfrentar una familia. Quizá peor, que el mismo asesinato. En más de 111 mil hogares mexicanos viven con la esperanza diaria de encontrar a su familiar desaparecido, pero conforme pasan los días, se torna cada vez más evidente que seguramente estén ya muertos. No se puede imaginar algo más violento e insoportable para las familias. El Estado y autoridades deben presupuestar cada vez más recursos con el fin de encontrar a los desaparecidos. Pero además para evitar que siga aumentando el macabro número, muchas de ellas relacionadas, con personas que terminan en la trata de blancas y jóvenes que se convierten en criminales. “Y ni hablar de todos los desaparecidos porque autoridades del propio Estado los ejecutaron extrajudicialmente”. México se convierte poco a poco en un “narco-estado”, además de desaparecer por culpa de autoridades inútiles o coludidas con los criminales, “las víctimas vuelven a desaparecer a manos de quienes prefieren el elogio lamezuelas” antes que decir la verdad y procurar la justicia. Uno de ellos es pensar que la historia se puede manipular, alineándola a los intereses y deseos de quien gobierna. Si los desaparecidos realmente le interesaran al gobierno, más que las estadísticas, no dejarían a su suerte a las madres buscadoras, habría más empatía con su pena y aceptarían que es responsabilidad de las autoridades encontrar a sus seres queridos. Pero lamentablemente dado que el interés es promover la idea de que “no pasa nada”, prefieren que las fosas clandestinas sigan escondidas y, cuando aparecen, se abstienen de contar los cuerpos.
Una madre buscando desesperadamente en la tierra. Un hermano deseando hallar tranquilidad en una osamenta. Un padre mostrando la foto de su hijo. Un político confabulado. Un grupo criminal controlando el territorio la región. Un presidente maquillando estadísticas. Un funcionario olvidando a las víctimas. El delito por desaparición no prescribe y se continúa cometiendo todos los días, mientras no se dé el hallazgo.
ES CUANTO
ADENDDUM: olvidados en el V informe estuvieron los desaparecidos, todo parece indicar que “sin cuerpo no hay delito”. Más de 45 mil desaparecidos, hombres y mujeres durante este gobierno no merecieron ni un solo renglón de atención presidencial. Durante todo el sexenio, tampoco han merecido ser recibidas las madres buscadoras por el populista y cínico presidente. Más muertes que en una guerra, más víctimas que nunca, la única diferencia es que el gobierno pretende esconderlas debajo del tapete, aunque en cada rincón que se busca, se rastrea, aparecen restos humanos, demostrando con ello que nuestro país es una gran fosa clandestina. Los desaparecidos claman justicia.