DESAIRE PRESIDENCIAL AL PODER JUDICIAL
Gustavo de Hoyos Walther
Cualquier República que se respete tiene una serie de ceremonias en las que se refuerza el pacto existente entre gobernantes y ciudadanos. Estos son momentos de gran seriedad.
En nuestro país, una de ellas es la celebración de la independencia mexicana, que ocurre tradicionalmente los días 15 y 16 de septiembre.
Se sobreentiende que esta es una ceremonia de Estado que debe implicar a los tres poderes de la Unión. Es decir, se trata de un evento en el que el poder Ejecutivo es solo una de las partes, aunque éste sea el principal organizador.
Sin embargo, el presidente López Obrador no parece entenderlo así. El año pasado se invitó, como debe ser, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.
Este año, el Presidente realizó la ceremonia del 176 aniversario de la gesta heróica de los Niños Héroes de Chapultepec sin la presencia de las presidentas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña; de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, y del Senado, Ana Lilia Rivera. Entre ellos, sólo esta última forma parte de su partido.
No hay ninguna razón válida para que los representantes de los poderes legislativo y judicial de la nación no estuvieran presentes en esa ceremonia republicana. La única razón para ello es el conflicto que dice tener el Presidente especialmente con la presidenta de la SCJN, la ministra Norma Piña.
El Presidente, además, ha dejado claro que ningún miembro del poder judicial estará presente en la ceremonia del grito de independencia porque, en sus palabras, “se han dedicado a actuar contra la transformación y están contra el pueblo”.
Parece increíble que, a estas alturas, el Presidente no entienda que él no es el único representante del pueblo y que en una República tanto el Legislativo como el Judicial también lo representan.
Se trata de un ataque más, esta vez de orden protocolario, a los jueces de nuestro país por parte de quien ocupa el poder ejecutivo.
Un episodio también protocolario, pero muy ilustrativo, fue la ira del Presidente cuando la ministra Norma Piña no se levantó de su asiento cuando él arribó al presidium que se instaló en el Teatro de la República para encabezar la ceremonia conmemorativa del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución.
El gesto de la ministra significaba que el jefe del Ejecutivo bajo ninguna circunstancia debe ser tratado como un monarca, mucho menos por miembros de las otras ramas del poder constitucional. En esa ocasión, la Ministra, sí se levantó cuando el protocolo lo requería, es decir cuando se debió rendirle honores a la bandera.
Ciertamente, estamos ante dos formas de entender el poder. La del Presidente que pretende monopolizar un poder que no le corresponde y la de nuestro poder Judicial, que entiende el sentido de la división de poderes en una República. Solo la segunda tiene razón.