Fernando Hinterholzer Diestel
La presidenta electa Sheinbaum y su grupo de asesores deberán tener mucho cuidado para atender lo que está sucediendo en el cierre de la administración obradorista, que están teniendo implicaciones muy graves en tema económico y que seguramente complicará severamente el arranque de su gobierno. Tanto la sobrerrepresentación legislativa como las reformas al Poder Judicial se han convertido en catalizadores de una situación sumamente difícil en materia económica que ha llevado, entre otras cosas, a que el peso casi alcance niveles de 20 pesos por dólar que se pierda la calidad crediticia del país. Y que futuras inversiones hayan marcado una pausa Los datos económicos del país son preocupantes, de acuerdo con datos del Inegi, la economía está perdiendo velocidad a un ritmo que el crecimiento anual sería inferior a 1.5%, es decir, la economía crecerá a la menor tasa desde hace 30 años, y la inflación no disminuye del actual nivel de 5.6% a pesar de la muy restrictiva tasa que ha mantenido el Banco de México.
Será una tormenta perfecta lo que le va a heredar López Obrador a su sucesora con la Reforma Judicial que fue aprobada el viernes. Varios de los bancos de inversión en el mundo entre ellos, Bank of América, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citi, han señalado sobre el efecto negativo para la inversión en México, si se aprueban las reformas constitucionales que pretende pasar Morena y sus aliados a partir de septiembre. Los impactos financieros que va a generar el “Plan C” de Morena se suman a las inquietudes de las calificadoras de riesgo crediticio por el déficit fiscal de 5.9% con el que cerrará el año el gobierno federal, esto aunado al freno de la economía nacional y los enormes compromisos en el Presupuesto de Egresos del 2025, entre ellos, tres de los más preocupantes son las pensiones, el pago del servicio de la deuda y Pemex.
López Obrador va dejar “un regalo envenenado a su sucesora” y, por sobre todas las cosas, “le vale un comino” la crisis, por el diluvio en el que tendrá que comenzar a navegar la presidenta electa. Con la sobrerrepresentación aprobada, la reforma judicial lista y la desaparición de los organismos autónomos, le darán un impacto tremendo al nueva administración, dañarán la confianza, ya tan deteriorada con Estados Unidos, afectarán al comercio, y seguramente provocaran un bloqueo de la negociación del T-MEC (que es lo que están advirtiendo desde el gobierno de Estados Unidos), un deterioro cambiario producto de esa desconfianza y que el mayor detonante económico que pudiera haber tenido México, el nearshoring desaparecerá del territorio nacional Si ahora el crecimiento económico es muy pobre, lejano de ese 2 o 3% de promedio sexenal que tenían los gobiernos anteriores, piense lo que podrá pasar, si se pone en debate el futuro del Tratado de Libre Comercio por la desconfianza judicial en México. La presidenta electa deberá comenzar su administración con una economía muy endeble, con un presupuesto etiquetado y casi sin márgenes de maniobra, con un PEMEX quebrado y con una deuda enorme, con proyectos multimillonarios inconclusos y subsidiados, con una muy mala relación con Estados Unidos, con una crisis de seguridad de consecuencias imponderables. De esta manera se profundiza el escenario negativo para la inversión privada nacional e internacional. La seguridad pública y la seguridad jurídica son dos elementos fundamentales para generar certidumbre a los inversionistas. Lamentablemente, los índices de inseguridad pública son evidentes, basta acercarse a cualquier parte del país para conocer la gravísima situación de inseguridad. Otro elemento fundamental para generar certidumbre a la inversión privada es la seguridad jurídica.
La reforma judicial que propone Obrador, dinamita dicha seguridad jurídica, “toda vez que propone sustituir la racionalidad como fuente de legitimidad de los ministros, magistrados y jueces, por una legitimidad basada en la simple mayoría de unos votos, que se pueden seducir o comprar por cualquier medio distinto a la racionalidad de sus argumentos en las sentencias”. Los inversionistas nacionales e internacionales que van a arriesgar sus recursos económicos requieren mínimamente condiciones que les otorguen, al menos, algunos márgenes de certidumbre. Una de esas condiciones es que, en caso de una controversia con motivo de la inversión, el inversionista pueda acudir ante una institución que, con certidumbre, resuelva dicha controversia en forma racional, imparcial y justa. Sin duda, hay algunos inversionistas muy importantes que tienen siempre ciertos privilegios por parte del poder público; sin embargo, la generalidad de los inversionistas no tiene ese privilegio y tampoco pueden estar sujetas a la incertidumbre del estado de ánimo volátil de un Presidente de la República.
Pero, sobre todo, las consecuencias para el próximo gobierno de Sheimbaum son muy complicadas, no sólo por la turbulencia en los mercados, sino por la dimensión de frentes que AMLO no va a enfrentar. El más complicado con la puesta en marcha de la propia reforma, dado que no es lo mismo reformar la justicia que reemplazar de todo el sistema. México requiere recuperar el acceso casi vedado por la corrupción y el autoritarismo, pero la desaparición de un poder sin un plan, una ruta y plazos claros para renovar unos mil 686 cargos de ministros y jueces en todo el país es una estupidez digna de la 4T. A eso seguirá, entre otros daños: la aprobación de la caótica reforma judicial propuesta y aceptada en comisiones por la Cámara de Diputados: la reacción financiera internacional adversa que pondrá en crisis inmediata la estabilidad monetaria y financiera en que estamos; la pérdida de la confianza en México como socio serio del Tratado de Libre Comercio, que debe renegociarse antes de 2026.
La reforma judicial propuesta de la 4T ha generado una oleada de críticas, no solo en el ámbito nacional, sino también a nivel internacional. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha expresado abiertamente su preocupación de que las modificaciones al sistema judicial afecten el T-MEC y la relación comercial entre ambos países, a la que se sumó el embajador de Canadá. La relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ha sido fundamental para el crecimiento económico de la región en los últimos años, y cualquier alteración en esta dinámica podría tener consecuencias severas. Aunque la situación sigue evolucionando, queda claro que la reforma judicial ha generado una tensión significativa entre México y sus socios comerciales. La comunidad internacional observa de cerca, mientras los trabajadores del PJF continúan su lucha en defensa de su sistema judicial. El problema es que el gobierno de Sheinbaum va a heredar una fuerte problemática internacional, con socios comerciales y la falta de garantías y certeza legal, que alejará al empleo y la inversión. Un gobierno quebrado por malas decisiones de obras y deuda. Una sociedad en resistencia y dividida. Tendrá a sus órdenes a todo el estado, pero no hay rumbo, ni un proyecto nacional. Y los apoyos sociales ayudan, pero no resuelven. Estamos regresando a la época del partido hegemónico, estamos yendo hacia la época del caudillismo, ahora de 4T, pero en un mundo globalizado que nos pasará la factura. Lo que más se teme es que el “error de septiembre” se convierta en una lápida para el gobierno de la primera presidenta de México.
ES CUANTO
ADDENDUM: La mayoría de diputados oficialistas, le deberán a Obrador y “harán que el actual Presidente mande otros tres años desde el Congreso”. Con el Congreso dominado, medio gabinete puesto por él y con el anunciado “derecho a disentir”, la presidenta electa será rehén de López Obrador. De concretarse el atentado contra la Constitución, tendremos una figura decorativa en poder ejecutivo, aunque ella no lo quiera. Quien debe gobernar la nación es Claudia Sheinbaum y no López Obrador.