CHILPANCINGO DE RODILLAS ANTE EL CRIMEN
Fernando Hinterholzer Diestel
Localidades enteras, desde Chiapas hasta Guerrero y Michoacán se han vuelto entidades controladas prácticamente por el crimen organizado. Pero por qué México se encuentra en este clímax de violencia extrema, la respuesta parece ser, por la orden del presidente López Obrador “de no atacar directamente a los cárteles”. En este escenario, Chilpancingo la capital guerrerense volvió a amanecer la semana pasada “en estado de sitio”. Lució desolada, sin gente en las calles, sin transporte público, ni estudiantes ni burócratas que habían salido de puente regresaron a sus actividades cotidianas. Todas las escuelas cerraron y las oficinas gubernamentales no abrieron. Todo gracias a la violencia del crimen organizado que sigue actuando impunemente, sin que las autoridades estatales, federales ni la Guardia Nacional hagan algo por detener a los criminales de la maña, “tal parece que o tienen miedo o están asociados con ellos”. Amenazas en las redes social, donde se prohíbe circular por las calles después de las 8 de la noche, so pena de ser acribillados. Hay miedo y temor en la población después de que la mañana del lunes, fueron asesinados cuatro choferes del transporte público y varios vehículos incendiados.
Duró casi una semana el paro del transporte público en las calles. Ningún chofer se atrevió a enfrentar a los carteles criminales, nadie quiere ser el siguiente asesinado. El transporte foráneo también suspendió actividades, los taxis que tienen la ruta a los municipios cercanos a la capital del estado pararon sus unidades. Y tal parece que todos los días se genera una nota roja que pone en evidencia el desgobierno en Guerrero y el predominio del crimen organizado sobre las instituciones públicas. Los medios de comunicación nacionales dan cuenta de masacres, asesinatos, levantones, secuestros, extorsiones, paros, saqueos, entre otros crímenes atroces. El papel de Guerrero en la geografía nacional, “es el de un estado fallido en donde las autoridades han quedado rebasadas en todos los ámbitos”. “La gobernadora florero” Evelyn Salgado trata de ocultar su fracaso elogiando “al protector de narcos” López Obrador. El que verdaderamente manda, Félix Salgado, tiene estrechos vínculos con los carteles, y quien manda es el crimen organizado. Todos lo saben y todos y lo dicen.
Y los datos duros lo confirman, durante 4 años de operación de la Guardia Nacional, no ha habido una disminución de la violencia, y lo que ha crecido exponencialmente ha sido, el control territorial de los carteles criminales. Las entidades que tienen un mayor despliegue de elementos por crisis de violencia no han resuelto sus problemas de inseguridad, por el contrario, han aumentado como sucede en Guerrero, Michoacán o Guanajuato. Los ciudadanos nos preguntamos, si la ineficaz Guardia Nacional atacara, persiguiera y detuviera a los extorsionadores del crimen organizado que amedrentan y atacan a los choferes del transporte en Chilpancingo y Acapulco, se resolvería el problema de inmediato. Los militares seguramente por órdenes de “comanche supremo”, en vez de cumplir con su trabajo constitucional de enfrentar a los criminales a los que parecen tenerles miedo o respeto y a la población que se la lleve la muerte y la desolación, “yo y mi familia le sigamos llorando a mi hijo, asesinado en septiembre pasado”. Así de errática y equivocada en sus prioridades está la estrategia de seguridad federal y la inservible Guardia Nacional
Y “la narco-alcaldesa de Chilpancingo”, la morenista Norma Otilia Hernández afirma “orondamente” que no les teme a los criminales porque, dijo, ella está en su trabajo”. “Yo no le tengo miedo a la delincuencia, y da sus conferencias en el cuartel de la policía”. Nuestro país, y específicamente Guerrero, ejemplifican en términos de seguridad, a un Estado fallido, evidenciado por el caos producido por la capitulación de las fuerzas del orden frente a los criminales. En muchas ciudades y países existen carteles criminales muy violentos, pero ahí también existen policías y sistemas de procuración de justicia eficaces, donde la delincuencia es detenida y repelida por las autoridades y rechazada por la sociedad. “El monopolio de la violencia legítima, en términos weberianos, se sustenta en la superioridad y en la legitimidad del orden estatal, los grupos delictivos son incapaces de poner de rodillas al Estado porque es más poderoso que ellos y porque ningún segmento social significativo les otorga su aquiescencia para hacerlo”. No es cuestión de impotencia en la correlación de fuerzas. La Guardia Nacional, y no se diga el Ejército, tienen todavía más y mejor armamento que el crimen organizado, todo fue una decisión política. “Repliéguense, ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no quiero más masacres”. Y lamentablemente esa orden, cambió de víctimas: las de ellos (delincuentes) por las de nosotros (sociedad civil). Brindando legitimidad a los integrantes del crimen organizado, y creando un oligopolio de violencia legítima
Y si a todo ello, le agregamos el cumulo de evidencias de la “podredumbre moral” de López Obrador. La corrupción de su familia, incluyendo hijos y hermanos, y de sus más cercanos colaboradores, a quienes sigue protegiendo, muestran al presidente de la 4T, como el más impúdico y cínico que haya ocupado la presidencia. La etiqueta que detonó en las redes sociales en días pasados, #NarcoPresidente, fue llanamente el reflejo de la certeza que tenemos millones de ciudadanos, sobre el habitante de Palacio y su continua y descarada deferencia para con el Cartel de Sinaloa y sus líderes por medio de sus discursos, políticas y visitas a sus pueblos. Resulta cada vez es más evidente que la DEA y el departamento de Justicia, le tienen un expediente cada vez más abultado, no en balde ha atacado a las autoridades de justicia estadounidenses, con singular alegría, pero nada le va a alcanzar cuando termine su mandato, le espera lo mismo que le sucedió al expresidente de Honduras.
ES CUANTO
ADENDDUM: “AMLO no deja el país en manos del pueblo”, como dijo hace unos días. Deja buena gran parte de México en manos de cárteles de las drogas, extorsionadores, asaltantes de carreteras y traficantes de seres humanos. Y de las 20 reformas presentadas el pasado 5 de febrero, no hay ninguna para construir la paz que tanto anhelamos los mexicanos.