ASEDIO A NUESTRAS CORTES
Gustavo de Hoyos Walther
En México, hemos vivido este embate contra el Poder Judicial, incluso desde antes de que arribara al poder el obradorismo.
Como lo he dicho varias veces, la principal estrategia de los populismos del siglo XXI para vulnerar la democracia liberal es el asedio que realizan contra los poderes judiciales en todo el mundo. Esto ya ha tenido graves repercusiones. De hecho, el editorialista del New York Times, Thomas Friedman, hizo referencia hace poco a la manera en que el gobierno de Netanyahu en Israel intentó controlar la Suprema Corte de Justicia de su país, lo que dividió a la sociedad israelí. Friedman sostiene que eso dio lugar a que se descuidara la atención a la seguridad nacional, facilitando los ataques terroristas perpetrados por Hamas.
En México, hemos vivido este embate contra el poder judicial, incluso desde antes de que arribara al poder el obradorismo. Ya en su campaña de desinformación que lleva lustros cultivando, López Obrador enfocó sus calumnias contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fundándose en prejuicios populares, entre una parte de la población, el actual presidente retrató a los ministros como personas corruptas que sólo buscaban enriquecerse. Todo esto era obviamente falso. Pero las calumnias presidenciales penetraron en ciertos sectores de la sociedad mexicana.
Así se abonó el terreno para que, ya una vez en el poder, el obradorato buscara la eliminación de nuestro Poder Judicial, tal y como lo conocemos. En su lugar, el grupo en el poder pondría a una suerte de cortes populares totalmente bajo el influjo de un Ejecutivo plebiscitario. Lo opuesto entonces al modelo democrático y liberal que tenemos hoy.
El más reciente asalto contra el Poder Judicial es el intento de Morena en el Congreso para disolver los fideicomisos existentes que le permiten al Poder Judicial contar con autonomía financiera y de gestión. La idea ostensible es ahogar financieramente a la SCJN para que esta pueda ser sometida al designio presidencial.
Los 11 fideicomisos que controla la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal, significan el 28 por ciento de su presupuesto en 2023. La mayor parte de estos recursos se utilizan para la seguridad social y otros beneficios de las personas que laboran en ambas instituciones. Cancelarlos significaría atentar contra el espíritu de nuestra Constitución, así como contra diversas leyes internacionales que sensatamente establecen la necesidad de tener poderes judiciales bien financiados.
Afortunadamente, la ley que promueven en Morena, y que fue aprobada en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, podrá ser detenida, ya sea en el Pleno de la Cámara, en el Senado o, lo que es más probable, en la propia SCJN. Para esto último, los diputados y senadores de la oposición podrían presentar acciones de inconstitucionalidad, y los empleados y juzgadores potencialmente afectados promover amparos. En 2019, el presidente y su grupo intentaron que el presupuesto y los salarios de las y los juzgadores y altos funcionarios judiciales se disminuyeran para ajustarse a lo que se designó a sí mismo el Presidente. Pero la Corte sólo aceptó una reducción voluntaria del 25 por ciento. Fue un triunfo parcial para la causa republicana.
Aunque lo más probable es que la cordura prevalezca y que la Corte impida que los recursos de sus fideicomisos se envíen de regreso a la Tesorería de la Federación, los continuos amagues contra nuestro Poder Judicial siguen siendo peligrosos para la continuación de nuestro pacto republicano. Por ello, no hay que cejar en nuestros esfuerzos por defender la independencia de nuestro sistema judicial.