DE CRISIS Y DEPRESIÓN A CORTO PLAZO Y COSAS PEORES
Fernando Hinterholzer Diestel
La 4T se empeña en darle continuidad a políticas que evidentemente están dañando la economía y el prestigio de México. Las fallas en la construcción de un nuevo régimen son sumamente endebles, lo grave es que ese proyecto es que no tiene cimientos firmes, y el derrumbe será estrepitoso. Aunado a su “estúpida reforme judicial” han puesto en altísimo riesgo, miles de millones de dólares en inversión, que ya no llegaran por falta de certeza jurídica, y por los altos índices de criminalidad que tienen al país de rodillas, ante el crimen organizado. Al revisar diversos análisis los escenarios de mediano y corto plazo, hay señales claras sobre los grandes peligros que se ciernen en nuestro futuro como país. No hay razones para tener optimismo, lo realista y responsable es prever en todas las políticas públicas las medidas a tomar y por tanto inevitables para aminorar sus consecuencias más letales.
Cuando solo faltan cuatro semanas para que concluya el año 2024, ya se han encendido las alarmas con respecto a la desaceleración que seguirá experimentando la economía mexicana durante el 2025. Los primeros indicadores mensuales del cuarto trimestre muestran que la economía cerrará el año con un crecimiento cercano al 0.55 por ciento anual. Si el año 2024 efectivamente concluye su crecimiento alrededor de dicha cifra, los riesgos de una recesión moderada en 2025 comenzarán a hacerse más evidentes. Sabemos que los cambios de administración a nivel federal conllevan una desaceleración de la tasa de crecimiento anual de al menos dos puntos porcentuales y de tres puntos porcentuales en promedio. Pero existe ya una segunda alerta sobre la posible pérdida de la calificación crediticia de México, como país seguro para la inversión y la contratación de deuda, la dio, hace unos días, la calificadora HR Ratings, que pasó la calificación de México de “estable” a “negativa”, igual que lo hizo la semana pasada Moodys. Todo ello debido a la “debilidad institucional” que está mostrando el país, en el caso de Moodys y la caída de las expectativas de crecimiento de la economía nacional para 2024 y 2025, previsto en 1.4 y 1.1, muy lejos de las cifras de 2.1 y 2.3 consideradas por la Secretaría de Hacienda, las dos calificadoras enviaron una clara señal de lo que puede pasar en México “si no se toman medidas para reducir el enorme déficit fiscal que hoy tiene y renegocia la enorme deuda de Petróleos Mexicanos”, entre las acciones más urgentes que tiene que tomar el gobierno mexicano. Por si faltara aún tener información sobre la complicada situación financiera y económica que enfrentará México en 2025, hace unos días se conoció, la noticia de que “durante el mes de octubre, se dio la mayor salida de capitales extranjeros en este año”, que explica que “inversionistas liquidaron 71,500 millones de dólares que tenían en bonos” del gobierno mexicano, lo que se atribuye a los recortes a las tasas de interés y a la volatilidad del peso, entre otras razones. De esta manera queda evidenciada la tormenta financiera y política que se está formando alrededor de la economía mexicana.
Durante varias semanas, los morenistas y “sus mediocres funcionarios 90-10” han venido señalando que los mercados internacionales ya habían descontado los efectos de la reforma judicial. Desde su punto de vista, las variaciones en el tipo de cambio lo hacían evidente. Más aún, algunos funcionarios de la SHCP sostuvieron que las declaraciones de inversionistas nacionales y extranjeros sobre lo bien que le iría a México, evidenciaban tan señalado descuento. Pero la dura y terca realidad demostraron que el descuento de los mercados no se había dado. Como en los últimos días ha quedado en evidencia, las reformas a los órganos constitucionales autónomos y, sobre todo, a los poderes judiciales, son factores de duda e incertidumbre para los inversionistas y de inestabilidad para la economía y las finanzas nacionales. Por muchas que sean las oportunidades para que los capitales inviertan en México y contribuyan al desarrollo nacional, las reformas en marcha son un factor que detienen las decisiones futuras de inversión. El gobierno recibe ingresos por los impuestos que cobra y gastos que incluyen los de operación y los programas sociales. La diferencia entre ambos rubros da como resultado un superávit o un déficit. Cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa y tiene que financiar la diferencia pidiendo prestado, esto sucede con los programas asistenciales, todos ellos son financiados con deuda pública, y el problema resulta cuando pedimos prestado de más. “Cuando un país se endeuda llega un momento en el que la carga financiera se vuelve excesiva, se tiene que pedir más prestado para pagar los intereses y así empieza un círculo vicioso que hace crecer más la deuda y que puede terminar en una crisis”. Y para ese supuesto va el país. En los medios financieros internacionales entienden con claridad, el desgaste jurídico y social que los cambios institucionales van a conllevar. Aun así, en las alegres cuentas y cuentos del oficialismo se sostiene la irrelevancia de las advertencias.
Cambiando de tema, quiero comentar que la violencia en contra de las mujeres no es un fenómeno aislado; ha sido el resultado de una estructura patriarcal sumamente arraigada “que busca controlarlas, someterlas, despojarlas de su autonomía y perpetuar su subordinación en todos los ámbitos de la vida”. Las estadísticas son terribles, y con una verdad innegable: cada día, miles de mujeres son víctimas de abusos y agresiones que incluso pueden terminar con sus vidas. Todo ello a pesar de los esfuerzos del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para erradicar a estas violencias, “muchas siguen quedando impunes, lo que refleja una serie de dinámicas de encubrimiento”, como la cultura del silencio, que deben ser desarticuladas. La colaboración social es, en muchos casos, tan maligna como la violencia misma, por ello es fundamental incentivar un diálogo permanente que permita a las víctimas compartir sus experiencias sin miedo a ser juzgadas o revictimizadas. Es imperativo que los tres órdenes de gobierno, no solo implementen leyes y políticas públicas que protejan a las mujeres, sino que también se aseguren de que se cumplan efectivamente. La falta de justicia y la impunidad son cómplices de la violencia, por lo que es vital exigir rendición de cuentas a las autoridades y promover un sistema judicial sensible al género que incluya mecanismos para la verdad y la reparación a las víctimas. De igual forma, las asociaciones civiles y la academia juegan un papel fundamental al impulsar investigaciones, generar conocimiento crítico y promover iniciativas de incidencia social para fomentar una cultura de igualdad y respeto desde edades tempranas y en diversos frentes sociales. “México mantiene el segundo lugar con mayor número de feminicidios en 2023, con 852 casos, el informe incluye un revelador análisis sobre el crecimiento de los feminicidios en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco”. ES CUANTO
ADDENDUM: nada sirven las estupideces soberanistas de varios senadores de Morena de que si los gringos se ponen intensos nos echaremos a los brazos de China, mucho me temo que “el desmantelamiento y debilitamiento del Estado, el haber echado a prácticamente todos los cuadros técnicos para sustituirlos por funcionarios leales, pero incompetentes”, y el haber dividido al país agraviando y persiguiendo a quienes piensan distinto, les van a cobrar la factura, justo cuando México necesita estar políticamente unido y contar con un Estado fuerte y solvente para enfrentar las nubes de tormenta que nos acechan desde el Norte.