VIOLENCIA EN SINALOA, EVIDENCIA DE NARCOESTADO
Fernando Hinterholzer Diestel
Una de las características del gobierno que termina en unos días, ha sido la minimización y negación de la mayoría de los problemas en el país. El asunto fue hasta sistemático, al igual que pregonar la falacia de que la difusión de la situación, era una campaña para afectar a López Obrador y a su 4T. Con dicha narrativa se trató de liberar al gobierno de sus graves responsabilidades, específicamente de la más importante para cualquier gobierno: “brindar seguridad a la ciudadanía”. La violencia en Sinaloa está imparable y da cuenta como el más más reciente caso de esa indolencia oficial, ineficacia y complicidad de parte de las autoridades con el crimen organizado. Por lo pronto, no hacen nada por combatir a los criminales, ni el gobierno estatal y menos el federal. El gobernador Rocha se ha puesto en evidencia desde el principio de esta crisis y López Obrador no quiere que la violencia que sucede en Sinaloa, le opaque sus últimos días de “desgobierno”, así que, como en otras ocasiones, le echa la culpa en “los medios conservadores” que “exageran” y son “amarillistas” y hasta el gobierno de EU, “vaya cinismo”.
Según nuestra Constitución, “la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”. Como ciudadanos, lo mínimo que esperamos de nuestras autoridades en materia de seguridad es que tengan clara cuál es su responsabilidad y que nos garanticen la protección que mandata la ley. La estrategia de usar al Ejército para dar seguridad pública ha sido un rotundo fracaso que sólo las mentiras presidenciales pueden negar. Casi Doscientos mil asesinatos en 6 años, mientras el gobierno sigue engañando. La ola de violencia se desato con la detención del narcotraficante “El Mayo” Zambada por el gobierno estadounidense, el pasado 25 de julio de 2024, tras haber aterrizado en Nuevo México junto a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán. Dichas detenciones han tenido muchas implicaciones para la relación bilateral en materia de crimen organizado para los dos países. Y después de ese hecho, dentro del Cártel de Sinaloa se están peleando no solamente el territorio sino todo el control que implica el poder histórico, económico, social y político de la organización. “Los llamados Chapitos” contra la gente de “los Mayitos” que tienen prácticamente cercada a la capital del estado.
Una conclusión del fin del sexenio obradorista, es que al gobierno se le hizo muy fácil y cínico hacerse aliados de los capos del Cártel de Sinaloa pensando que los iban a dominar y controlar y que les serian útiles cuando fuera necesario, tal fue el caso de las pasadas elecciones del 2 de junio y en las intermedias del 2021. Pero justamente les sucedió lo contrario, los mafiosos sinaloenses terminaron controlando al poder político local. Con los criminales no se puede ser transigentes ni permisivos, los cárteles son mafias criminales con negocios diversificados y muchos intereses económicos. Por eso ahora en Culiacán se ha desatado la guerra entre los principales capos con sus tropas, y las graves consecuencias afectan, sobre todo, a la vida cotidiana de la población. La ciudadanía culichi está abandonada a su suerte, en medio de la violencia de una guerra que ya empezó y no se sabe cuándo ni cómo va a terminar y conste que no vivimos en Gaza. Cuando los ciudadanos observan la llegada de los grupos de sicarios en caravanas de vehículos blindados y “monstruos”, las gentes de Culiacán se preguntan en dónde está la inteligencia del gobierno, donde está el Ejército, donde la Guardia Nacional, los ciudadanos, están a su suerte, porque el gobierno federal sólo parece estar interesado en espiar a sus adversarios políticos y armarles expedientes para doblegar quienes se les opongan.
Desde que el Sr. Zambada envió una carta, mostrando la estrecha relación que tenía con el gobernador Rocha, el presidente fue varias veces a ofrecerle su respaldo a Culiacán, y en las dos ocasiones se hizo acompañar por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, con lo cual también la comprometió. Los enfrentamientos fuertes en Culiacán comenzaron la semana pasada, previo a la audiencia de Zambada, lo que pone aún más preocupados a los mafiosos y por supuesto al gobierno federal. Zambada tiene mucha información y estaría dispuesto a hablar, toda vez que cambió de opinión y aceptó ir ante la temible Corte de Brooklyn, en Nueva York. Pero el presidente se va, en diez días y llega la Dra. Sheimbaum y más allá de la inseguridad y de los problemas criminales que de por sí enfrenta el país, va a heredar este conflicto sinaloense que no terminará pronto. Si el futuro gobierno no interviene “con inteligencia, estrategia y táctica”, lo que está por suceder podría ser peor que todo lo visto en el pasado. La escalada de violencia no se detiene entre asesinatos, secuestros y robo de vehículos. Y detrás de esto, hay una ciudad rehén de la violencia con una población que vive confinada y con miedo.
A López Obrador le quedan dos semanas para finalizar su mandato y, mientras sigue repitiendo que todo está bajo control, la maldita realidad lo contradice. Esta será una gran oportunidad para que Claudia Sheinbaum demuestre que sí puede y sí quiere retomar el control. Si no, Culiacán será la segunda capital (después de Chilpancingo) entregada al crimen organizado. Porque hasta ahora, el regreso de la normalidad a Culiacán, depende de que grupos en conflicto, dejen de confrontarse entre sí, y no del Ejército, que oficialmente está a cargo de la seguridad pública en México, Dixit del general Leana Ojeda, comandante de la Tercera Región Militar, cuando le preguntaron en conferencia de prensa, sobre cuándo cesaría la violencia en Culiacán. La respuesta, es una renuncia explícita al uso legal de la fuerza para proteger las garantías individuales y colectivas de los sinaloenses. Las fuerzas armadas durante el gobierno de López Obrador tienen órdenes de no intervenir salvo si son agredidas, y aun así deben abstenerse de recurrir a la violencia a menos de que sus vidas peligren. López Obrador cierra el sexenio con Sinaloa en llamas. La gran deuda de López Obrador será el fracaso de su política de seguridad con una cifra de casi 200 mil homicidios dolosos que se convierten en el pilar de los retos para la siguiente administración. Los resultados deberán ser rápidos y contundentes. No alcanza el tiempo para más inventos e improvisaciones. El Estado se encuentra en un peligro inminente. Y la sangre en el suelo mexicano con los juicios clave que avanzan en Nueva York, ayer la fiscalía de los Estados Unidos solicitó al juez Cogan cadena perpetua y multa de 5MDD para García Luna— ha provocado una reacción en cadena que trastocará a funcionarios, empresarios, legisladores, políticos, policías, militares y un largo etcétera. El saldo de la estela de esta corrupción enfrenta un crudo ajuste de cuentas siendo punta de lanza, Sinaloa. Y los acuerdos con el narco no se heredan. Los pactos con la mafia o cárteles requieren un constante reajuste basado en las personas involucradas y en las condiciones de la coyuntura. ES CUANTO
ADDENDUM: Tal pareciera que en el “obradorato” los militares están solamente adorno; han cedido la soberanía del Estado sobre el control de la violencia para que sea el crimen organizado, quien tenga el monopolio de la misma. El gobierno, en particular las FA, reconocen que quienes mandan, manejan, deciden y frenan la violencia no son ellos. Ni el gobernador Rocha, ni los militares y tampoco la Guardia Nacional. Esta es nuestra lamentable realidad, quedando evidenciado, “otra gran farsa”, de que la Guardia Nacional, bajo el mando de la Sedena, votado hace tres días por la 4T en la Cámara de Diputados, vaya a representar un cambio real en la pacificación del país Y luego se ofenden de que digan los gringos que somos #NarcoEstado