FILÍPICAS
Paco Ramírez
El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (STSGECH) no es un gremio menor: agrupa a trabajadores de base de los tres poderes del estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— y del sector educativo. Hablamos, entonces, de una organización que representa a miles de familias chiapanecas, cuya estabilidad laboral y bienestar dependen directamente de que su sindicato funcione con orden y honestidad. Por eso lo que ocurre hoy en su dirigencia no es un asunto interno menor, sino un tema que le importa a una parte considerable de la vida pública del estado.
Por años, el STSGECH vivió a la sombra de sus propios conflictos internos: acusaciones de opacidad, un edificio gremial en manos ajenas, un fondo de seguro de vida cuya situación financiera nadie en la base conocía a ciencia cierta, y una dirigencia que, según denunciaron trabajadores y medios locales, terminó su gestión entre señalamientos de corrupción y tráfico de influencias. Ese fue el escenario que heredó Olga Mabel López Pérez cuando decidió encabezar la Planilla Verde rumbo a la Secretaría General. Hoy, con la constancia de mayoría en la mano, tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de demostrar que otra forma de hacer sindicalismo es posible.
Un triunfo que nace de la base, no de la imposición
A diferencia de procesos anteriores señalados por presunta injerencia de funcionarios en la elección interna, López Pérez llegó a la dirigencia después de una campaña que recorrió, sección por sección, las quejas acumuladas de la base trabajadora. No llegó con el aparato ya armado a su favor: construyó una planilla de trece integrantes con representación de los tres poderes del estado y del sector educativo, y ganó recorriendo las delegaciones, escuchando reclamos que la dirigencia saliente, según sus propias palabras, mantuvo cerrados bajo el pretexto de la pandemia sin corregirlos después. Ese tipo de mandato —ganado en la calle y no en la negociación de escritorio— le da una legitimidad que a su antecesora le costó sostener hasta el final.
El contraste de estilos es, de hecho, uno de los argumentos más contundentes a su favor. Donde la gestión anterior fue señalada por opacidad, litigios y una dirigencia que se cerró a dialogar con la base, López Pérez construyó su campaña sobre la lógica opuesta: casa de campaña abierta, recorridos directos por las secciones sindicales, y un discurso centrado en escuchar antes que en imponer. Es el contraste entre puertas cerradas y puertas abiertas, y no es un detalle menor: es precisamente el tipo de cambio de fondo que un gremio desgastado por años de desconfianza necesita para empezar a creer de nuevo en su propia organización.
Ese mismo espíritu plural se refleja en la composición de su planilla. Que su equipo incluya representantes de los tres poderes del estado y del sector educativo no es solo un dato curioso de campaña: es la prueba de que su proyecto no nació como una facción más disputándose el control del sindicato, sino como una alianza amplia dentro del propio gremio. Esa base de sustento diverso es, en sí misma, un argumento de legitimidad que pocas dirigencias sindicales en Chiapas pueden presumir al arrancar su gestión.
Una agenda concreta, no solo promesas
Lo que distingue a López Pérez no es únicamente el triunfo electoral, sino la claridad de su proyecto: once propuestas centradas en incremento salarial, actualización de prestaciones, servicios de salud y jubilaciones, además de un eje de transparencia y rendición de cuentas que responde directamente a los reclamos que hundieron a la gestión anterior. Su Bono Humanista para la Burocracia Estatal —pensado para gastos médicos, medicamentos, lentes, atención a personas cuidadoras y contingencias por desastres naturales— es una propuesta que atiende necesidades reales y cotidianas de miles de familias trabajadoras, no solo un gesto simbólico de campaña.
También ha sido clara en sus prioridades inmediatas: una entrega-recepción ordenada con la dirigencia saliente, la creación de un área específica de transparencia, y la elección interna de representantes por sección para que la estructura del sindicato deje de operar desde arriba hacia abajo. Es, en el papel, la agenda que un gremio golpeado por la desconfianza necesita para empezar a sanar.
Diálogo institucional sin perder independencia
Una de las señales más importantes de este arranque de gestión fue la disposición mostrada tanto por López Pérez como por el gobierno estatal para reconstruir el puente entre la base trabajadora y las autoridades. En el marco del Día del Burócrata, la nueva secretaria general agradeció públicamente la apertura del gobernador y de la secretaria general de Gobierno y Mediación, y habló de fortalecer la comunicación institucional para que, en sus palabras, “vengan tiempos mejores” para el sindicato. Después de un periodo de tensión y litigios entre el sindicato y las autoridades laborales, esa disposición al diálogo —sin renunciar a la defensa de los derechos laborales que ella misma ha prometido sostener— es exactamente el tipo de pragmatismo que la burocracia estatal necesita para destrabar pendientes acumulados.
El reto que viene
Ninguna dirigencia se mide por sus promesas de campaña, sino por lo que logra ejecutar. López Pérez tiene ahora la tarea de traducir su discurso de transparencia en hechos verificables: aclarar la situación del patronato de seguro de vida, resolver el conflicto por el edificio gremial, y demostrar que los incrementos y bonos prometidos se traducen en beneficios tangibles y no en anuncios sin gestión real, como reprochó de la administración anterior. Si lo consigue, no solo habrá cumplido una promesa de campaña: habrá empezado a reconstruir la confianza de una base trabajadora que llevaba años esperando una dirigencia que responda ante ella y no solo ante el poder.
La burocracia chiapaneca tiene, por primera vez en mucho tiempo, una dirigencia electa con un mandato claro de renovación. Vale la pena darle el beneficio de la exigencia: apoyar su agenda de transparencia, pero también vigilar de cerca que se cumpla.
Ese acompañamiento no debe quedarse en la exigencia pasiva. La propia López Pérez ha planteado la elección interna de representantes por sección y la apertura de espacios de participación como parte de su proyecto: es momento de que la base trabajadora tome esa invitación en serio. Sumarse a las mesas de trabajo, participar en la elección de delegados y exigir que la transparencia prometida se traduzca en informes verificables no es solo un derecho de los agremiados, es la manera más eficaz de garantizar que esta nueva etapa del sindicato no se quede en discurso.