LA CENSURA EN CAMPECHE Y PUEBLA Y LEY TELECOMM
Fernando Hinterholzer Diestel
El fantasma de la censura y represión contra los comunicadores y los medios de comunicación recorre el país como parte de las tentaciones autoritarias que tiene nuestro régimen populista. Buscan eliminar los contrapesos “para silenciar a las voces críticas, a quienes piden explicaciones al gobierno, y sobre todo a aquellos que investigan y hacen públicos los excesos de la cleptocracia en el poder. Desde el 2018, han sido años muy complicados para el periodismo en nuestro país, ya que la 4T no se ha cansado de afrentar la tarea de quienes ejercen la libertad de expresión en el país. Debemos insistir hasta el cansancio que la libertad de información y de expresión son derechos humanos (art. 6 CPM) ampliamente reconocidos en las leyes nacionales y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Además, son soportes fundamentales de la democracia. Lamentablemente, han estado en grave peligro porque el gobierno de la 4T trata de todas las formas posibles, callar lo que les incomoda. La censura a comunicadores, a organizaciones sociales e incluso a ciudadanos en general, continúa al alza en nuestro país. Los casos de gobiernos locales, como “los trogloditas” de Puebla y Campeche, que ya avalaron Leyes Censura; además, en las Cámaras de Diputados y Senadores se empezara a debatir tres leyes federales que otorgaran facultades al Estado Mexicano para el espionaje, para bloquear información en plataformas digitales y hasta para eliminar y censurar los contenidos “incómodos” para los gobiernos y castigar a los responsables.
A todo ello se agrega del proceso legal contra periodistas (Héctor Mauleon “documentó la existencia de una posible red de corrupción vinculada al tráfico de huachicol en la Agencia Nacional de Aduanas de México”. Uno de los personajes centrales, según lo señalado por De Mauleón, es Juan Carlos Madero Larios, administrador de Operación Aduanera. El texto también refiere un reporte del Centro Nacional de Inteligencia que identifica a Tania Contreras López, quien fue consejera jurídica del gobierno de Tamaulipas y ahora es ministra electa, al más importante tribunal de ese estado). En lo que va del año 2025, se llevan contabilizados una acción judicial cada mes, en especial, contra periodistas que indagan casos de corrupción, delincuencia organizada y excesos del poder, lo que para muchos expertos “refleja una preocupante tendencia a utilizar el sistema legal como herramienta para silenciar a la prensa y limitar la libertad de expresión”. Tenemos cada vez más “un creciente autoritarismo estalinista” que ha centralizado el poder, controlando a la a población a través de las mañaneras, a los medios de comunicación y a las redes sociales. Tratan conformar al estilo nazi, “un pensamiento único que parezca mayoritario y legitime el poder”, pero para lograrlo requieren resolver antes varios problemas. El más importante es la creciente oposición a este modelo dictatorial. Otro representa la falta de recursos con un crecimiento económico de 0.06 % y un altísimo endeudamiento. La necesidad de mantener el sistema de partidos para simular una democracia. La falta de unidad nacional y la polarización creciente que exige liberar a la sociedad de los abusos criminales en vastas regiones del país. Y la más grave, no hay un Estado de Derecho que haga viable la gobernabilidad. Ni siquiera existe hoy un proyecto de nación que a todos incluya.
El aumento de enmiendas constitucionales dirigidas a la censura y la cancelación de la libertad de expresión, por parte del gobierno, en manos de Morena conlleva un peligro, precisamente porque se nos va a privar de la posibilidad de defendernos tanto de estas leyes como de las demandas ante la Suprema Corte o en los juzgados de Distrito o en los tribunales Colegiados. Entre las legislaciones más criticadas en la materia destaca la denominada Ley Censura en Puebla, que castiga con tres años de cárcel y multas de hasta 40 mil pesos los insultos, injurias, ofensas, agravios y vejaciones en redes sociales, por considerar que los comentarios en redes menoscabaron su integridad física o emocional. La del estado de Campeche, donde hace unos meses, el periodista Jorge González Valdez, “exdirector del portal Tribuna denunció persecución luego de que una jueza estatal lo vinculó a proceso bajo cargos de incitación al odio y violencia en contra de la gobernadora de Campeche”, Layda Sansores. En el Senado se discutirá durante el periodo extraordinario en julio, una nueva Ley de Telecomunicaciones, que entre otras cosas permitiría al gobierno bloquear plataformas digitales, censurar contenidos y acceder a información privada sin control u orden judicial. De aprobarse en sus términos, esta reforma permitiría al gobierno” intervenir comunicaciones, apagar contenidos digitales, impedir publicaciones desde su origen, geolocalizar personas y acceder al contenido completo de sus dispositivos móviles sin necesidad de una orden judicial”. Lamentablemente, todo anterior es calificado por la oposición y organizaciones civiles como “un intento autoritario de controlar lo que se dice, cómo se dice y quién lo dice en México”.
Para las organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia existe el peligro de que las denuncias contra comunicadores y la ley mordaza oficialista se apliquen en todo el país, como un método de control político. De hecho, México ya tiene un gobierno que puede hacer prácticamente lo que quiera, sin que nada ni nadie lo sancione o denuncie, y que ahora con los cambios a la Ley Telecomm, va a otorgar las concesiones de los medios de comunicación con criterios políticos y que “promoverá también el control de los medios, de las redes sociales y del internet”, con pretensiones obvias de utilizar su poder total para cerrar espacios a la crítica y promover cada vez más medios y opiniones afines a las “bondades y logros” del régimen gobernante. Y a pesar que en las prédicas oficiales nieguen que “el gobierno de la presidente Sheinbaum, no censura” y que garantiza el respeto a la libre expresión, el mismo régimen, desde su poder y control absoluto de las instituciones, promueve y aplica formas “sutiles” y enmascaradas para presionar y acallar a sus críticos”, lo mismo si son opositores abiertos o si son periodistas que no se pliegan a la visión oficial del estado de las cosas en la República, que se quiere imponer todos los días desde las conferencias matutinas. Los discursos de los gobernantes dicen ser respetuosos de la libre expresión y tolerantes ante la crítica y la disidencia, pero en los hechos, activan mecanismos judiciales y de asedio hacia quienes ejercen el derecho de expresar su disenso. Desde las agresiones personales en las redes sociales, provenientes de cuentas manejadas desde el gobierno o por sus ideólogos y propagandistas, hasta el discurso que todos los días descalifica a medios y periodistas y cuestiona la veracidad y validez de su trabajo. ES CUANTO
ADENDDUM: el Infonavit debe resolver problema de las viviendas abandonadas. Pero quizá lo primero que debe hacer es buscar a quienes fueron los primeros compradores, a los trabajadores derechohabientes de la vivienda. Y ver por qué dejaron de pagarla o saber si la siguen pagando. Cómo entender que cuando el principal problema del país es la inseguridad, un funcionario federal anuncie apoyo financiero y legal a invasores de vivienda, aunque sea un delito. Más allá de esta invitación a delinquir, su desconocimiento de la ley, ya que esas viviendas no son del gobierno.