CRIMEN ORGANIZADO DOMINA NUESTRO PAÍS
Fernando Hinterholzer Diestel
A la Generación 2020-2024 Licenciado Enrique Hinterholzer Diestel de la carrera de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Durante los últimos veinte años, el crimen organizado de todos los países ha aumentado en complejidad y extensión. La globalización comercial y los cambios tecnológicos la han cambiado en todo el mundo, especialmente, han transformado sus operaciones, al ampliar su alcance y modificando su forma de operar. Hemos observado como se han beneficiado con los obstáculos que enfrenta la “globalización jurídica”, como son: la competencia acotada de los países, las imprecisiones en los sistemas con diferentes sistemas jurídicos y la distinta aplicación de las políticas criminales, todo ello inmerso en una compleja estrategia de violencia, corrupción y obstrucción de la justicia para lograr la impunidad y el éxito de la empresa criminal.
En nuestro país, el control territorial de las organizaciones criminales, ya no solo trafican drogas, ahora sustituyen al Estado, “cobrando impuestos, vendiendo seguridad en comercios y casas-habitación, controlando los precios de los alimentos en los mercados y de la industria de la construcción en destinos de descanso y turísticos, adueñándose de las autopistas y carreteras”, adueñándose de la vida cotidiana en grandes regiones del país, desde la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, en la sierra de Durango, en la Tarahumara, en la costa del Pacífico, de Puerto Vallarta a Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, en la frontera de Chiapas con Guatemala, en la frontera tamaulipeca con Texas, en Zacatecas, en zona fronteriza de Tijuana, y varias demarcaciones de la Ciudad de México. Y esta situación de terrible inseguridad, es algo que el Gobierno no lo quiere admitir, pero “nuestro país está en guerra”. En casi la tercera parte del territorio nacional donde los que mandan son los delincuentes, ellos cobran derechos a los productores, extorsionan a los comerciantes, se apropian de los contratos de obra pública, imponen cuotas que terminan por cambiar los precios en el mercado generando inflación, y secuestran, matan, torturan a la población civil, totalmente indefensa ante la inacción de las autoridades.
La ocupación de territorios y obligaciones que deberían de estar a cargo del Estado y, en los hechos, nos referimos a la flagrante inacción de los poderes públicos que tienen la obligación de garantizar la soberanía de nuestra nación, y de la seguridad de los ciudadanos, es el primer derecho en todas las sociedades del mundo. Tan cruenta y espantosa realidad que ha sido impuesta en pueblos mediante, la violencia criminal ejercida “por individuos diabólicos y despiadados, imbuidos de un salvajismo que ni los animales irracionales tienen”, personajes del mal, a los que el Estado, debería que exterminar sin piedad ni derecho alguno, ellos. Sin embargo y lamentablemente, AMLO considera, a tan peligrosos sujetos, como miembros del “pueblo bueno”. La política de “abrazos, no balazos” se basa en una denuncia primigenia, en la acusación de que la respuesta firme y decidida de un gobernante a la embestida del crimen, con todos los recursos a su disposición, es abusiva por naturaleza. Partiendo de esas ideas, el oponerse públicamente a lo que se hizo en los anteriores sexenios, los actuales gobernantes, proclamando que “no son iguales”, han llevado las cosas al extremo de que México se ha vuelto uno de los países más violentos y peligrosos del mundo.
El crimen organizado utiliza varias fuentes principales de poder, y destruirlas deberían ser las estrategias para menguar y desaparecer su poder. La primera, que es una corporación transnacional poderosa, lo que apremia que exista una cooperación internacional para terminar con ella; la segunda, que deja millonarias ganancias en el sistema financiero formal, hay que incautar dichos dineros eso es lo que más les perjudica, y una última, que los gobiernos solo pueden tratar de combatirlo atendiendo a sus causas locales, sobre todo la desigualdad social, la corrupción policíaca y la complicidad con autoridades e instituciones, que por lo visto hasta ahora, ocurre mayormente entre gobernadores y jueces. Los carteles del crimen organizado son complejas estructuras diversificadas en varios negocios. Por lo que se han llevado a aplicar estrategias solamente centradas en el combate a la producción y comercialización de estupefacientes, que han sido evidentemente fallidas por años, dejando en un segundo plano, a la investigación, persecución y sanción de delitos como el robo y comercialización de hidrocarburos, el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro, la trata de personas e, incluso, delitos considerados sólo del orden común, como el robo de autotransporte.
Y bien sabemos que, en algunas regiones del país, la delincuencia ha emprendido una ofensiva contra la sociedad, rebasando en ocasiones a la capacidad operativa y de armamento de las autoridades civiles. Los criminales tienen territorios con una gran fuerza económica, con alta capacidad de fuego y una creciente base social. Esto lo pudimos apreciar claramente durante el pasado año 2023 en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Estos carteles criminales llegaron de sus comunidades para amedrentar la paz social y retar a las autoridades incluyendo a las fuerzas armadas. Surgieron y se expandieron al amparo de gobiernos corruptos. Sin la corrupción política no hubiera sido posible desarrollarse y expandirse para los que hoy son esos grandes carteles como Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Familia Michoacana, entre otros. A las instituciones de gobierno les corresponde atacar a las cúpulas del crimen desmantelando su estructura patrimonial, al igual que el combate frontal de sus brazos armados, estos criminales nunca se detendrán si no es, por la fuerza del Estado. El crimen organizado es un producto del sistema, no una falla de este.
La criminalidad forma parte estructural de las economías locales, pero también de las dinámicas sociales, políticas y hasta culturales de los territorios de los que se ha apoderado o en los que se disputa el control. Por ello, no hay ya otra ruta sino la intervención total del Estado. Y eso implica una poderosa estrategia de intervención para hacer valer la Constitución y sus leyes, sin violaciones de ningún tipo a los derechos humanos, pero de tal magnitud y uso legítimo de la fuerza, para que pueda restablecerse una normalidad aceptable de vida en comunidad. La vigencia del Estado social de derecho depende directamente de la capacidad que se tenga, en los próximos años, para garantizar que el desarrollo tenga como supuesto fundamental la paz, porque lo inaceptable es que continúe creciendo este fenómeno que ya ha puesto en una severa crisis a nuestros más básicos principios y procesos democráticos. ES CUANTO
ADDENDUM: El desastre de la seguridad y la violencia en México ya le dio un lugar a López Obrador en la historia como el presidente que más sangre ha permitido en el país, con un promedio en lo que va del sexenio de 95 muertos diarios, contrastando con los resultados de todo el sexenio de los expresidentes Enrique Peña Nieto (71 muertos diarios), Felipe Calderón (55) y Vicente Fox (55). López Obradordesapareció la Policía Federal que fueron construyendo durante 30 años y la remplazó con una institución militar, no civil, con niveles de corrupción que no se erradicaron y de ineficiencia no vista antes.