A ESTRIBOR
Juan Carlos Cal y Mayor
LA JUSTICIA POR PROPIA MANO
En España, si un “okupa” se mete en tu casa y pasan 48 horas sin que actúes, la policía no puede sacarlo. Son personas mayoritariamente migrantes que se meten sin permiso en viviendas desocupadas. El legítimo dueño debe entonces iniciar un juicio civil que puede tardar meses, a veces años, durante los cuales el invasor vive gratis, respaldado por un sistema garantista que lo protege en nombre de su “derecho a techo”. En México, las cosas no son tan distintas, sólo que aquí el deterioro institucional hace que la impunidad se sienta aún más obscena. Pero en ambos casos, hay algo en común: la propiedad privada ha dejado de ser sagrada.
Ahí está el caso de Doña Carlota “N”, una mujer de 74 años de Chalco, Estado de México, que según se sabe, decidió tomar la justicia por su cuenta tras intentar, sin éxito, recuperar su propiedad. Al ingresar y verse confrontada, disparó contra los ocupantes. El saldo: dos hombres muertos, un menor herido, y ella en prisión preventiva, convertida en villana por una ley que parece proteger más al invasor que al propietario.
El paralelismo con los okupas españoles es inevitable. Allá, el discurso progresista ha convertido al usurpador en héroe de la lucha de clases. Aquí, el Estado ausente genera que la gente pierda la fe en los cauces legales. En ambos casos, la legalidad se desdibuja y la justicia deja de ser imparcial para volverse una caricatura ideológica o un laberinto burocrático.
No se trata de glorificar la violencia ni justificar el ajuste de cuentas. Lo que hizo Doña Carlota es trágico y refleja una desesperación peligrosa. Pero también es un síntoma: la gente no dispara cuando confía en que el Estado hará lo suyo. Lo hace cuando siente que está sola, despojada y burlada por un aparato legal que se mueve con parsimonia frente al ciudadano común y con eficacia sospechosa cuando se trata de proteger al agresor.
Según el INEGI, entre 2018 y 2023 se interpusieron más de 12,000 denuncias por ocupación ilegal de predios en México, muchas sin resolución. En España, el Ministerio del Interior registró más de 17,000 denuncias por ocupación tan solo en 2023. Es un fenómeno global que revela algo más profundo: la erosión del rule of law, ese principio tan anglosajón como civilizador que establece que la ley está por encima de todos y debe aplicarse de forma imparcial.
Defender la legalidad no es insensibilidad social, como algunos quieren hacer ver. Es condición indispensable para la paz, la convivencia y la confianza entre ciudadanos. Si el que cumple la ley tiene las de perder y el que la viola recibe comprensión, subsidios o impunidad, el tejido social se descompone. No puede haber derechos sin deberes, ni justicia sin consecuencias.
Es obligación del Estado proteger la propiedad privada no sólo por razones económicas, sino éticas. Porque cuando el derecho a lo propio depende de la fuerza con que lo defiendes —como lo hizo Doña Carlota— o a la alcahuetería del poder —como muchos okupas apadrinados por el partido socialista de Pedro Sánchez—, entonces ya no estamos en un Estado de derecho, sino extraviados en una peligrosa jungla.
No es casual que en ambos países el ciudadano honesto esté perdiendo la paciencia. En México, la respuesta es a veces trágicamente violenta. En España, cínicamente legalista. Pero en ambos casos, el mensaje es el mismo: el sistema no funciona. Si queremos evitar más Carlotas, más ocupas y más enfrentamientos sociales, necesitamos algo tan simple como revolucionario: que la ley se cumpla. Y que se cumpla para todos. Sin romanticismos ni excepciones.