Cooperación binacional y contra reforma energética

Cooperación binacional y contra reforma energética

Por Fernando Hinterholzer Diestel

Como parte de la estrategia de cooperación bilateral México-Estados Unidos, el pasado viernes 8 de octubre se reunieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores y tuvo lugar la primera edición del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS). Por su parte de la delegación estadounidense estuvieron los secretarios de Estado, Anthony Blinken; de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; y de Justicia, Merrick Garland. El nuevo DANS es parte de “una relación bilateral efectiva que, desde el respeto mutuo, fortalece la cooperación en un asunto central para ambos países como lo es la seguridad regional”. De acuerdo con las declaraciones conjuntas de ambos países “este nuevo espacio de diálogo permitirá poner en marcha una visión de seguridad compartida centrada en la atención a las causas de la violencia, el tratamiento de las adicciones desde una visión de salud pública, el uso de inteligencia financiera para desmantelar las organizaciones del crimen transnacional y el combate al tráfico de armas y municiones a nuestro país”. El encuentro binacional representa para México un momento crucial en el futuro de su política de seguridad. Hay que recordar que las reglas del juego siempre han representado la debilidad de nuestro país en la relación bilateral. Basta recordar que la última experiencia fue el “Acuerdo de Cooperación Bilateral llamado Iniciativa Mérida”, suscrito en 2008 y vigente prácticamente hasta 2021, el cual se diseñó, en el mejor de los casos, bajo un esquema “asistencialista”, y por ende, de subordinación estratégica y de dependencia operativa. La estrategia era muy sencilla “quien paga manda”, de acuerdo a esto, nuestro país tenía que cumplir rigurosamente con los lineamientos norteamericanos en materia de seguridad a cambio de recibir equipos técnicos, información de clasificada, así como entrenamiento en materia de prevención, procuración e impartición de justicia. Dicha iniciativa Mérida tuvo un costo de millones de dólares, y los asesoramientos impuestos por los norteamericanos replicaban en su propia agenda, que podía ser distribuida e inclusive coincidente en algunas de sus partes, pero no implicaba que se tuvieran los mismos principios e intereses. De hecho, las prioridades de estadounidenses estaban dirigidas, entre otras, al peligroso problema en el consumo de drogas y en la seguridad transfronteriza. Para nuestro país, sus prioridades eran básicamente de recursos para consolidar nuestras precarias instituciones totalmente desprestigiadas por su involucramiento en tramas de corrupción e impunidad.

 Las agencias norteamericanas especializadas en seguridad se han involucrado abiertamente en los trabajos operativos y de inteligencia en nuestro país. Los objetivos de las instituciones mexicanas se confundieron, y el cambio de gobierno, la falta de seguimiento y control ante nuevas prioridades, el aumento de la problemática en materia de seguridad fronteriza, la utilización de nuevos precursores químicos, la amenaza del terrorismo islámico, la demanda interpuesta por México contra las compañías armamentistas en Estados Unidos, entre otras cosas, conllevo a cancelar la Iniciativa Mérida. Hay que recalcar que de nada va a servir un nuevo acuerdo bilateral, con nuevas reglas de entendimiento, si no modificamos nuestro entorno interior y llevamos a cabo un cambio verdadero en el paradigma de nuestras políticas públicas en materia de seguridad. La violencia en el país ha rebasado todos los límites de tolerancia, y alarmantemente hoy en día, están en riesgo además de los ciudadanos, los miembros de la seguridad, el Ejército, la Marina, GN, las policías estatales y municipales, así como cualquier encargado del orden público está en la mira del crimen organizado. Además de las disputas por las plazas, las venganzas y guerras entre cárteles, existe una muy clara y manifiesta declaración de guerra a la población en general, a las autoridades, ciudadanos, empresarios, un mensaje de que estamos en un Estado fallido que es controlado por criminales. Al Presidente López Obrador le incomoda que la inseguridad siga apareciendo en los medios, aumentando cada vez más, y por supuesto ahora que ya se rebasan las estadísticas de los gobierno neoliberales, más del 30% de entidades están bajo el control del narco, las cifras de muertos o de eventos prácticamente de terrorismo que venimos sufriendo, sí, desde hace más de una década, pero hoy durante la T, incontrolable, desbordada y complaciente en casi 3 años de esta administración. Más allá de los dichos patrióticos e ideológicos por la sustitución de una política bilateral de carácter asistencialista en materia de seguridad, como describió el canciller Ebrard a la Iniciativa Mérida, por la denominada “Entendimiento Bicentenario”, cuyo sustento, se asegura, no es otro que la identificación y alineamiento de “coincidencias y prioridades” entre ambos países también irá hacia el fracaso si las condiciones  internas, del gobierno de la 4T, no se aplican de tiempo completo, a combatir y erradicar al crimen organizado con el objetivo de menguar la violencia para preservar y mantener la paz pública. Es evidente que insistir en conservar como política pública no atacar ni desmantelar a los carteles, lograra preservar y agravar el actual estado de cosas, y la meta es que haya menos homicidios en México y menor consumo de estupefacientes” en los Estados Unidos

Otro tema que ha polarizado aún más a la sociedad mexicana es la iniciativa de reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética, que de aprobarse, seguramente sería una de las medidas más perjudiciales para el país en muchas décadas. Las reformas son contrarias y violan los tratados internacionales, incluyendo el TMEC, instrumento imprescindible para la recuperación económica, pues dependemos del crecimiento norteamericano para nuestras exportaciones aumenten y reactiven las cadenas de valor. Las demandas contra el país de empresas e inversionistas de energías limpias y de transformación energética tendrán costos muy elevados, además de perder la confianza del mercado internacional y por consecuencia de inversiones y empleos. Las reformas propuestas regresan a los monopolios, otorgan a la CFE el control del mercado, limitan energías limpias, ponen énfasis en el control político sobre inversionistas. Atentan contra la ecología con emisiones CO2 e incumplen nuestro compromiso con el Acuerdo de París. EU actuará conforme su agenda y Canadá impulsará una relación de judicialización por incumplimientos. La contrarreforma energética no sólo viola el derecho de muchos inversionistas nacionales y extranjeros, sino que afecta también los convenios internacionales: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; el tratado comercial con la Unión Europea, ya que son muchas empresas europeas las principales inversionistas, y finalmente violan también el Acuerdo de París sobre medio ambiente. De acuerdo con estudios preliminares, solamente de estas afectaciones legales en el ámbito internacional tendrían un costo enorme para el gobierno mexicano. Los resultados a corto plazo serían evidentes: se perderían 81 mil millones de dólares en inversiones ya realizadas, más otros 24 mil millones de dólares de inversiones planeadas para los próximos años. Ese será el costo de la necedad en volver al monopolio energético. ES CUANTO

ADENDDUM: La crisis de gobernabilidad en Chiapas aumenta cada día. El principal protagonista de los disturbios, el EZLN, declara que “Chiapas está al borde de una guerra civil”. Las señales de inestabilidad son evidentes, existen muchos grupos en conflicto, maestros, autodefensas, migrantes, jornaleros, zapatistas, que se incrementa con presencia de bandas del crimen organizado. Es urgente que la gobernabilidad de Chiapas sea tomada en serio por el gobierno Obradorista y que se aplique una estrategia   recuperar la paz, antes de que sea demasiado tarde.

error: Alert: Content is protected !!