Fernando Hinterholzer Diestel
La sorpresiva deportación de 29 “viejos narcos” a los Estados Unidos, representa un “bocato di cardinale”, para el gobierno de Donald Trump y sus perros de presa en la DEA, el FBI y generales de la armada. El envió de criminales representó un gesto amistoso, y también una operación estratégica que trata de cumplir con las demandas de Washington en un momento complicado para la relación bilateral. Trump ha acrecentado su “odio” contra México, señalándolo de no realizar suficientes acciones para detener el tránsito de fentanilo hacia Estados Unidos, esta droga ha provocado una grave crisis de salud en el país vecino, y el presidente americano lo ha utilizado como un arma política para presionar a las autoridades mexicanas.
Para México, la importancia de la deportación de los criminales presos y procesados en nuestro país y con asuntos pendientes con la justicia estadounidense, radica en tratar de evitar la aplicación de aranceles que podrían afectar gravemente sectores de la economía mexicana, como el automotriz y el agroindustrial. El gobierno de la presidentA Sheinbaum ha optado por una estrategia práctica: la de aumentar la cooperación en materia de seguridad como una manera de desactivar las amenazas en materia comercial. Al extraditar a los 29 criminales, México sólo cumple en parte con lo solicitado por el gobierno de Trump, ellos quieren a los “narco-políticos”, léase Bartlett, Delgado, Villareal, Rocha, Cuitláhuac, Rutilio, Salgado, entre muchos otros, sin embargo “dichas lacras” continúan con el manto protector del señor palencano, y con ello, Sheimbaum manda un mensaje claro sobre su no disposición a entregar las cabezas de dichos políticos ligados con el crimen organizado, y ya documentado por las Cortes de Estados Unidos. Al día siguiente del envío de los criminales a EU, Trump pidió al gobierno mexicano, investigar a los narco-políticos, demostrando que los extraditados no le son suficientes, y que las cabezas de los arriba señalados podrían satisfacer “su sed de justicia.”
Sin embargo, algunos “comentocratas oficialistas” han señalado que dicha medida es inviable en este momento, ya que el poder real, lo sigue teniendo, El Palencano”, y no la señora Sheimbaum, y mientras ella no corte el cordón umbilical, seguirá siendo el títere, para la que fue impuesta. De hecho, el envío masivo de “viejos narcos”, solo puede ser visto como un intento de calmar a Trump, y de esta manera evitar sanciones económicas en el corto plazo, lo que plantea dudas sobre si México está actuando desde una posición de fuerza o bajo presión. Aunque la extradición de capos históricos puede ser vista como un golpe al narcotráfico, también es cierto que estas organizaciones suelen adaptarse rápidamente y reemplazar a sus líderes. Por lo tanto, el éxito real dependerá de si estas acciones se acompañan de políticas integrales que ataquen las raíces económicas y sociales del problema.
La decisión que tomo la presidentA Sheinbaum no sólo cambiará la geografía del narcotráfico, bastante revuelto desde el secuestro del Mayo Zambada, sino que ya ha establecido nuevos acuerdos de colaboración con Estados Unidos para el futuro, incluyendo el acuerdo de seguridad que se tendrá que firmar junto con la renegociación del T-MEC. El envío de todos los mafiosos a EU, agregado a la detención del Mayo Zambada y de Joaquín y Ovidio Guzmán López, sólo puede reconocer: que el gobierno de la Sheinbaum no sólo estaría dispuesta a jugar sus cartas para mejorar la relación con Trump, sino también a asumir las consecuencias políticas que devendrán de ello.
SI el gobierno mexicano no investiga ni entrega a los narco-políticos involucrados con los cárteles criminales, la administración de Trump podría tomar represalias de varias maneras, dada su postura dura en temas de seguridad y crimen organizado. Algunas posibles consecuencias incluyen: 1- Sanciones económicas y políticas: Trump podría imponer sanciones a funcionarios mexicanos acusados de corrupción y narcotráfico, congelando sus bienes en EE.UU. y prohibiéndoles la entrada. También podría condicionar acuerdos comerciales o inversiones a la cooperación en seguridad; Presión diplomática: Su gobierno podría aumentar la presión en foros internacionales y tratar de desacreditar al gobierno mexicano por su falta de acción contra el crimen organizado; Endurecimiento de medidas migratorias: Podría justificar restricciones más severas en la frontera, incluyendo deportaciones aceleradas, militarización y la construcción de más barreras físicas; Intervención judicial y extradiciones forzadas: El Departamento de Justicia de EE.UU. podría aumentar acusaciones contra figuras políticas y buscar extradiciones más agresivamente, incluso sin cooperación de México, como ocurrió en el pasado con figuras del narcotráfico; Operaciones encubiertas o unilaterales: En casos extremos, EE.UU. podría aumentar sus operaciones encubiertas dentro de México, como ya ha sucedido con la DEA y otras agencias, para atacar directamente a los cárteles sin esperar cooperación oficial.
ES CUANTO
ADDENDUM: La soberanía es la capacidad de aplicar las leyes dentro de un territorio. En los últimos tiempos se ha utilizado el término con fines propagandísticas, queriendo que se vea a la nación como víctima de una conspiración extranjera. Si existe alguna violación a nuestra soberanía, ella ha ocurrido, por la manera en que se ha permitido el gobierno mexicano, que grupos criminales impongan su “propia ley” y cobren sus propios “impuestos” –en forma de extorsión– en vastos territorios del país, sometiendo a miles de personas a un régimen de terror. Violar la soberanía es dejar que las carreteras sean tierra de asaltantes. También, que los criminales utilicen bienes públicos como son los combustibles. O que controlen a su gusto las cárceles, donde la autoridad debiera tener el control. Si de verdad queremos un país soberano, habría que empezar por ahí.