Violencia criminal y terrorista

Violencia criminal y terrorista

Por Fernando Hinterholzer Diestel

De las varias crisis por las que atraviesa el gobierno mexicano, la de seguridad impacta por mucho a la económica, la sanitaria y la migratoria. Y es que la violencia criminal en nuestro país nos ha conducido al peor de los escenarios, el terrorismo. La bomba enviada contra los empresarios restauranteros en Salamanca, y quienes  al parecer se negaron a pagar 50 mil pesos como pago de piso, y en Puebla el artefacto explosivo  detonado afuera de una vivienda,  muestra que la evolución más escabrosa de esta violencia, quizá la más siniestra, y  vinculada a chantajear a la población ha llegado a nuestro entorno. Ahora observamos a cada vez a más grupos criminales apoderados de poblaciones y territorios en donde subyugan las extorsiones cotidianas. A tres años de haber iniciado el gobierno de la 4T, es claro que la estúpida estrategia de “abrazos no balazos” seguida por el gobierno no ha hecho sino crecer la cantidad, la brutalidad y la impunidad de la violencia. Lamentablemente esa estrategia nos ha acarreado violencia y muerte al país: 100 mil muertos en lo que va del sexenio. La injusticia de esta fórmula populista ha permitido a los criminales, incrementen el derramamiento de sangre de los millones de mexicanos que son azotados por este lastre de delitos. El terrorismo como tal no había aparecido en México, y siempre le temíamos, desde los ataques a las torres gemelas, los etarras en España, en Colombia durante la época de Pablo escobar y lo sucedido en Iraq, Líbano y Afganistán era algo lejano que no veíamos llegar. El modelo puede expandirse si los hechos no quedan impunes, lo que queda en evidencia es la inutilidad y la falta de voluntad del gobierno mexicano frente a los criminales y escasa capacidad de las Guardia Nacional, las policías estatales y municipales e incluso de las fuerzas armadas, por combatir a los criminales. Hoy día, no conocemos, los linderos de hasta dónde llega esa relación entre el gobierno y los criminales, que lamentablemente es cada vez es más evidente y abierta.

El gran problema de inseguridad,  es el precio que hay que pagar por ella, para lograrla, aunque solo sea de forma engañosa y pasajera. Mientras tanto, los resultados de tres años de administración obradorista en la materia, son un completo desastre. Tenemos país azotado por la violencia, con la tercera parte del territorio controlado por los diferentes carteles del crimen organizado, que ya nos gobiernan desde el 6 de junio. (Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas entre otros) tienen ya gobiernos estatales y municipales impuestos por el crimen organizado. Los ataques con explosivos tienen el objetivo de sembrar el terror entre la población, lo mismo ocurrió hace unos meses con el ataque  contra civiles indefensos en Reynosa. Hay que recordar, no es la primera vez que el crimen organizado recurre al uso de explosivos para atemorizar a la gente, el coche bomba que estalló en Cd Juárez en julio de 2010 y los granadazos en Morelia la noche del 15 de septiembre del 2008. Hoy en día, los grupos delictivos  usan drones cargados de granadas o proyectiles de mortero en la Tierra Caliente de Michoacán. Cuando los civiles son las víctimas  de los ataques realizados con explosivos, se genera automáticamente un sentimiento de miedo entre la población, la situación se encuentra en los terrenos del terrorismo. Este lamentable hecho debe servir para que el gobierno federal reconozca que “la estrategia criminal” que se está tratando de crear, “es la del terror y miedo”. Y la respuesta debiera ser contundente por parte de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, ya sea por el enfrentamiento directo y el desmantelamiento de grupos que han adoptado el terrorismo, como forma para enfrentar a la autoridad. Es urgente contar con una estrategia de seguridad un poco más allá de “los abrazos, no balazos”.

El gobierno norteamericano está dando un puntual seguimiento a la crisis de inseguridad que vive el país, desde la llegada del presidente Biden. Las continuas visitas de la vicepresidenta Harris, de Alejandro Mayorkas responsable de la seguridad nacional en EU,  y a otros miembros del Estado Mayor Conjunto dan muestras de la importancia que tiene lo que sucede en nuestro país, para el gobierno norteamericano, pero lo que más les preocupa es la inacción del Estado mexicano contra los carteles criminales, por qué no los enfrentan, porque tienen un trato con ellos y además de recibir millones de dólares en sobornos también tienen a la población mexicana aterrorizada, lo cual le conviene al gobierno de la 4T, o simplemente no saben cómo hacerlo y tienen miedo de regresar a los tiempos de Calderón y la “guerra contra el narco”. En la era de Trump se amenazó a México con declarar a los “carteles mexicanos” como terroristas con todo lo que esto implica. Hace unos días, “la Casa Blanca envió al Departamento de Estado sus evaluaciones sobre el narcotráfico global y México, como en todas las últimas décadas, está en la lista de los principales productores, introductores y comercializadores de drogas ilegales en la Unión Americana”. “Con México, al que califica, junto con Colombia, de “socios claves” en la lucha contra el narcotráfico”, pero insisten en algo muy importante: que el gobierno mexicano intensifique sus esfuerzos contra el narcotráfico y, sobre todo, detenga y juzgue a los capos de esas organizaciones criminales, cosa que se hace  desde el 2018, muy sospechosamente.

Otra crisis de inseguridad y violencia es la que se gesta en Chiapas, puerta de entrada de droga, armas, y personas, los tres más grandes negocios criminales del mundo. El otrora subcomandante Marcos zapatista de origen, y ahora convertido en el subcomandante Galeano se va duro contra el chiapaneco Rutilio Escandón, “al que acusó de alentar el “desgobierno con la intención de desestabilizar al gobierno federal, encendió todas las alertas en Palacio donde, si bien el otrora relevante zapatismo no es bien visto, no deja de reconocérsele su conocimiento de lo que ocurre en esa zona fronteriza del territorio nacional”.

ES CUANTO

ADENDDUM: A Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, ex líder del Cártel de Sinaloa, ya lo tenían detenido en el operativo Culiacanazo y lo soltaron por órdenes del presidente López Obrador. A 31 científicos y académicos del Conacyt, la Fiscalía General de la República, con el respaldo de AMLO, los acusó de delincuencia organizada y solicitó órdenes de aprehensión, ASÍ ES LA JUSTICIA EN TIEMPOS DE AMLO.