EL RENACIMIENTO DE CHIAPAS A LA SEGURIDAD
Fernando Hinterholzer Diestel
Desde tiempo del Prian, los gobernadores de las entidades federativas desempeñan un papel como de “virreyes”. Sin embargo su tarea fundamental era la gobernabilidad de su Estado. Son los árbitros–conciliadores en los conflictos políticos, sociales, religiosos, étnicos “y hasta delincuenciales” (como pasa en Sinaloa), y por ello, son les respeta por todos los grupos de poder locales. Ellos son responsables de garantizar la paz. Un gobernador que no garantiza la paz, es un inepto en materia política. La política más importante es el mantenimiento del orden público y la paz. Durante el sexenio anterior, el entonces presidente permitió toda clase de ineptitudes, arbitrariedades, cleptocracias y toda clase de violaciones de la ley, por parte de los ejecutivos estatales de Chiapas, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, entre otros. A un costo político que ahora tiene pagar la presidenta Sheinbaum. Ahora como lideresa del movimiento de la 4T, tiene que asumirse como garante de “un modelo de gobernabilidad basado en la eficiencia y la honradez”. Sin embargo, hoy en día, Morena puede presumir que sabe ganar elecciones, pero que en cambio, lo de gobernar bien no se le da. Y evidentemente, no podrán construir el 2o piso de su transformación, si los gobiernos estatales de su partido siguen afanados en destacar en un concurso de arrogancia, impericia, corrupción, pactos inconfesables, cerrazón ante la ciudadanía y, en pocas palabras, indolencia ante la inseguridad.
A casi dos meses de la salida del peor gobernante que ha tenido Chiapas en toda su historia, el nuevo gobernador Eduardo Ramírez ha llegado con la espada desenvainada y la ley en la mano. Tomo como su primer gran desafío, el acabar con la inseguridad y limpiar la entidad de grupos criminales, que ya se habían establecido de amplias franjas de territorio estatal. Así como se enfocó en pacificar las zonas más violentas en la entidad, como es la fronteriza y la frailesca, todo ello durante los 100 primeros días de gobierno, utilizando un plan que incluye la erradicación de la corrupción, eliminar la tolerancia y sobre todo la impunidad que imperaban desde hace más de 6 años de la fallida administración de Rutilio Escandón. La sociedad chiapaneca sufrió una brutal escalada de violencia desde hace años, principalmente por la disputa de territorios por parte del crimen organizado, en los que hombres y mujeres devastados por las organizaciones delictivas de Sinaloa y Jalisco, tuvieron que huir, dejando sus propiedades, tierras, comunidades y pueblos por las constantes balaceras, ejecuciones y extorsiones que sufrían.
La estrategia de seguridad del gobernador chiapaneco, está sustentada en una estrecha colaboración con autoridades federales, municipales y las Fuerzas Armadas. Dicha estrategia está coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Armada de México, así como con la Fiscalía General de la República. Sus acciones han sido contundentes, al inicio de este año tomaron el control del municipio de Frontera Comalapa, uno de los territorios fronterizos con mayor violencia, y donde ya dos presidentes municipales fueron encarcelados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, más 175 elementos de las Policías Municipales detenidos por colaborar con los carteles criminales. Además de implementar un operativo contra el narcomenudeo y grupos generadores de violencia en San Cristóbal de Las Casas. Las acciones contra la delincuencia han cubierto no solamente los municipios fronterizos con Guatemala, se han extendido a la Sierra, a la región de la Frailesca, en municipios como Villaflores, La Concordia, Villa Corzo, Ocozocoautla, Chicomuselo, Motozintla, Comitán, Chiapa de Corzo entre otros, ubicados en el centro de la entidad.
Y es que la terrible inseguridad que padecimos los chiapanecos desde hace 6 años no solamente obligaron a la población a quedarse encerradas en sus casas y fincas, afectando con ello su economía, lo cual afecto también al turismo, ya que comenzaron a llegar menos turista. A raíz de ello, se implementó por lo que, el programa “Carretera Segura”, con lo que los chiapanecos y visitantes de otras entidades y países viajan nuevamente y de manera segura a los destinos de playa de la costa chiapaneca y a los sitios arqueológicos y ecoturísticos en la zona de la frontera con Guatemala. Todas estas acciones que ha implementado el gobernador Ramírez lo han posicionado como uno de los gobernadores más eficientes durante el periodo diciembre-enero, “con una aprobación de los ciudadanos chiapanecos de 66.2%”. Evidentemente, la firmeza en el cumplimiento de la ley ha sido clave para que, para que nuestra entidad chiapaneca comience ahora a tener paz y que los pobladores no se sientan “en estado de total indefensión”, por la ausencia de justicia.
Las autoridades federales tienen como deber específico y puntual, el combate al narcotráfico y a sus personeros en todo el país, así como a la violencia que generan. Aunque hay subrayar, que las autoridades de las entidades y las municipales tienen igualmente responsabilidades que cumplir para combatir la inseguridad de los mexicanos y de los chiapanecos. El Combate al robo de automotores, la vigilancia preventiva en zonas conflictivas, son obligaciones que competen a los gobiernos locales. De esta manera el gobernador de Chiapas, participa abiertamente en el combate al crimen organizado en Chiapas, todo ello ha generado que la ciudadanía comience a percibir al gobernador como parte de la solución para erradicar la inseguridad en la entidad. Chiapas ha recibido el apoyo invaluable del Secretario de Seguridad Pública Federal, García Harfuch quien insiste que: “las organizaciones criminales son quienes corrompen a las autoridades, quienes cobran piso, quienes extorsionan. “La autoridad tiene la responsabilidad de combatir, obviamente siempre con el respeto a los derechos humanos, a todas las organizaciones criminales con una finalidad, proteger a la ciudadanía de nuestro país”.
ES CUANTO
ADDENDUM: Según los números que manejan los analistas, se confirma que el impacto económico de la imposición de aranceles de 25% será superior al 2% del PIB, algo así como 800 mil millones de pesos. La respuesta de México serán las medidas de represalia; de concretarse esa reacción del gobierno de Sheinbaum, el equipo de Trump seguramente detendrá la emisión de visas de los funcionarios mexicanos, como amenazo a los colombianos.