Fernando Hinterholzer Diestel
Los próximos comicios que tendrán lugar en México, en junio 2, se empiezan a perfilar como muy complicados, para candidatos y precandidatos de todos los partidos. Las alianzas partidistas que compiten, tanto del oficialismo como de la oposición están enfrentadas hasta el tope por la lucha por el poder. A ese ambiente de crispación agregamos la duda sobre el papel que jugará el crimen organizado en las urnas, en junio próximo. Un documento de análisis sobre los riesgos que encarará nuestra democracia en el 2024, advierte que uno de los diez “riesgos políticos” para este año, es que los grupos criminales se aprovechen de la coyuntura electoral para ensanchar su control territorial sobre gobiernos y mercados municipales, en el corto plazo. Y es que habría algo sumamente previsible sobre el último año de administración de López Obrador que está siendo como tal y como se habría predicho, el más violento, el más escandaloso y el más corrupto. En un muy mal presagio para este año clave para historia democrática del país, que el mes de enero se han suscitado muchos actos graves de violencia, “lo mismo por la muerte de personas en Guerrero, atacadas con drones y explosivos por el crimen organizado, que por la ola de asaltos y el fin de año violento en Villahermosa, Tabasco, los secuestros de migrantes en Tamaulipas, la masacre en Cajeme, Sonora, los asesinatos en Colima y el Estado de México o la ola de violencia reportada en Guanajuato”, como lo denunciamos en este espacio, la semana pasada.
Pero a esa violencia ya irracional y generalizada en el territorio nacional, hay que sumarle la violencia política-electoral que también aumenta cada vez más de tono, no sólo en la polaridad de los discursos cada vez más cruentos de las campañas electorales y en las redes sociales, sino que de nuevamente reaparece como violencia mortal en las campañas políticas. Los asesinato violentos durante el mes de diciembre pasado, del candidato a diputado por Morena en Acapulco, Ricardo Taja, sumado a los tres candidatos de la oposición asesinados: David Rey, aspirante a la alcaldía de Suchiate, Chiapas por el Frente Amplio por México; Sergio Hueso, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Armería, Colima; y al regidor panista Giovanny Lezama de Cuautla, Morelos, dan la certeza que la violencia de los carteles del crimen organizado, están intentando incidir en los comicios federales, estatales y municipales, como lo hicieron en las elecciones intermedias del 2021. Durante aquel proceso electoral, fueron masacrados 92 candidatos y políticos de todos los partidos. Y la pregunta obligada es si alguien se beneficia de esa violencia contra los políticos y candidatos que claramente mancha las elecciones y pone en serio cuestionamiento a la democracia electoral…
La violencia política contra candidatos, no discrimina a partidos, ideologías o cargos. La verdad es que, además de asesinar políticos y dañar a sus familias, ponen en grave riesgo la viabilidad, la integridad y la certidumbre de las elecciones, y con ello la de nuestra democracia. Si el gobierno no atiende este grave problema, lo que está en riesgo es que los carteles del crimen organizado acaben por ser, de facto y de forma sangrienta, convirtiéndose en los grandes electores. Por eso es una amenaza al país en su conjunto. Un grave riesgo de la violencia política es que se normalice. Que sea tan constante que deje de escandalizar, se asuma como algo inevitable y la respuesta sea la resignación. Esto es inaceptable, por principio y porque significaría rendir la democracia a los delincuentes.
Durante los comicios intermedios del 2021, el gobierno federal implanto la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”: la medida que resultó fallida por la falta de evaluaciones de riesgo que identificaran y atendieran las particularidades de cada región o entidad del país, además habría que señalar que las policías estatales, no cuentan con los recursos para garantizar la protección de candidatas y candidatos locales, quienes están mucho más expuestos a ataques y a amenazas. “La violencia política representa un desafío de Estado, que debe enfrentarse con una estrategia integral: desde el diagnóstico preventivo hasta la impartición de justicia para las víctimas, con un enfoque prioritario en la protección de los actores políticos durante el proceso electoral, enfatizando los lugares con mayor violencia y menores capacidades locales”. A unos meses de la jornada electoral, el gobierno puede todavía definir, una estrategia nacional para asegurar la protección, e integridad de aspirantes, candidatas, candidatos, funcionarios, y dirigentes partidistas. Los cuatro asesinatos recientes son una tragedia, pero también una grave señal de alerta. No podemos permitir que los atentados mortales vuelvan a acumularse hasta imponer un nuevo, doloroso y normalizado récord.
Los asesinatos de candidatos en época electoral, son estrategias orquestadas por el crimen organizado, ante la situación de un país donde impera la impunidad, y donde no se ha realizado un trabajo permanente ni homogéneo de fortalecimiento de las policías estatales y municipales; amén de la muy cuestionable estrategia de seguridad pública que han tenido las últimas tres administraciones. Este fatídico escenario implica reconocer que es sólo mediante la construcción de instituciones civiles de seguridad pública y de procuración de justicia, sobre todo en lo local, como podrá revertirse esta situación que es cada vez más crítica. Para la democracia y para el Estado social de derecho que debemos exigir para nuestro país, el veto que está imponiendo la delincuencia organizada, no respecto de partidos o candidaturas, sino de la propia democracia, es uno de los mayores desafíos que enfrentamos, pues el hecho de que los cárteles asuman que pueden poner o quitar autoridades o amenazarlas, incluso aniquilarlas, es una señal de alarma que debe tomarse con la seriedad requerida.
Uno de los más claros síntomas para demostrar la incapacidad gubernamental en combatir la violencia política, es la excesiva permisividad, de tocar a los criminales. Los diversos y más recientes hechos de violencia que enlutan al país y la ejecución de precandidatos de diferentes colores partidistas en Chiapas, Colima y Morelos no deja duda alguna de la abierta intervención del crimen organizado en el proceso electoral. Sin un árbitro con credibilidad, un Estado arrodillado ante organizaciones delincuenciales que cogobiernan regiones enteras y el ejemplo de tolerar las corruptelas y los excesos del círculo presidencial no hay mucho margen para equivocarse en la predicción del desastre que se avecina. Nos preguntamos y cuándo revienta el país, antes o después de las elecciones. Todo depende de cuánto tiempo puedan esconder la realidad en el país.
ES CUANTO ADENDDUM
El crimen organizado volvió a cometer otra masacre, ahora en el municipio de Chicomuselo, la balacera duró más de siete horas, y donde la población se mantuvo en pánico y en la zozobra. “En este enfrentamiento hubo más de 20 personas muertas, de los cuales son dos civiles asesinados y sin que sus familias pudieran recoger sus cuerpos por el secuestro de las comunidades y no poder salir por temor a ser acusados de ser parte de estos grupos criminales”.