Empresa de residuos tóxicos, en la impunidad en Chiapas

Desde el 2017, Manuel Balcázar Villarreal y un grupo de colonos iniciaron una lucha por la defensa de la reserva natural Villa de Allende en el municipio de San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a escasos 10 minutos de la capital chiapaneca, pues una empresa de residuos peligrosos, biológico-infecciosos que se instaló en la misma, representaba una amenaza para todos.

A casi cinco años de ese hecho, ni las movilizaciones, ni las protestas ni las visitas a dependencias como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), o los viajes a la Ciudad de México para presionar a las autoridades federales, surtieron efecto para que “Logística de Transportación y Comercialización JB, SA de CV” se fuera de ahí.

Manuel Balcázar Villarreal, quien ha tomado la batuta en el caso, advierte que la situación continúa, y prueba de ello, dijo, es que esa compañía ganó la licitación para “darle el destino final” a los residuos generados del Centro de Convenciones Polyfórum Chiapas, lugar que fue reconvertido para atender a cientos de pacientes graves por covid-19, sobre todo en el primer año de pandemia.

Para él, esta situación es compleja porque la planta de esa empresa almacena y destruye medicamentos caducos (sólidos y líquidos), órganos y tejidos vivos, aguas radioactivas, sangre contaminada, entre otros materiales provenientes de hospitales públicos y privados y laboratorios de análisis que no solo son nocivos para la salud humana, sino para los ecosistemas.

LEY GENERAL, LETRA MUERTA

De acuerdo con el artículo 65 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la planta no cumple con lo establecido, primero, porque para ello debería ubicarse a 5 kilómetros de distancia de poblaciones mayores a mil habitantes.

Sin embargo, a menos de mil metros está la primera colonia, Don Ventura, y otras cercanas como 16 de Septiembre, Viva Cárdenas, Álvaro Obregón e incluso, el acceso a la cabecera del municipio de San Fernando, al que pertenecen, también está protegido por esa normatividad. Es decir, su funcionamiento afectaría a cerca de 10 mil habitantes.

Manuel, de nueva cuenta, muestra videos y fotografías de cómo, desde hace semanas, el humo de la chimenea de ese establecimiento no solo se ve, sino se percibe a kilómetros. Además, exhibe cómo a diario camiones entran y salen de la planta.

“Instancias como la Profepa han respondido que sólo amerita sanciones administrativas, cuando lo que corresponde es su clausura inmediata y la denuncia por los delitos ambientales; porque además se pone en riesgo a especies en peligro de extinción”, argumentó Manuel Balcázar Villarreal.

De acuerdo con las denuncias efectuadas en distintos momentos, el temor de las familias sigue en incremento, debido a que el humo es tóxico y, además, como la planta de la empresa carece de un sistema de drenaje, existe una gran posibilidad de que los residuos penetren en la tierra y lleguen hasta las aguas subterráneas de las que, sin duda, se abastecen las poblaciones cercanas.

IRREGULARIDADES “SUPURARON” DE INMEDIATO

Recién instalada en la región, “Logística de Transportación y Comercialización JB, SA de CV” mostró su incapacidad para operar de manera adecuada. En noviembre de 2017, un grupo de vecinos halló en los contenedores de basura vecinales, jeringas, sangre y otros materiales que, consideraron, los pondría en riesgo.

El 8 de febrero de 2018, una situación similar estuvo a punto de ocurrir, pues trabajadores de esa empresa pretendían arrojar bolsas con desperdicios de ese tipo en los mismos contenedores, pero se los impidieron.

No obstante, los esfuerzos prácticamente han sido en balde. En la actualidad, la compañía de RPBI opera bajo un amparo, aunque no puede utilizar el horno para cremar desechos.

Mientras que, para los denunciantes, los únicos que, en su momento, dieron “la cara por ellos” fueron las autoridades municipales de San Fernando del trienio 2018-2021, cuyo cabildo aprobó por unanimidad de votos no autorizar la licencia a las instalaciones de esa compañía, y revocarle la misma por incumplir con las normas oficiales del artículo 65 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. Incluso, se logró la clausura del establecimiento, pero sólo por 48 horas.

“Porque tenemos conocimiento que esa planta empezó como una bodega, en el año 2014, y de ahí le metieron esos equipos; pero ni siquiera cuenta con agua potable, ni drenaje, la energía eléctrica es deficiente, pero sigue ahí”, expuso Balcázar Villarreal.

Incluso, mencionó que, en su momento la empresa falseó información en cuanto al manifiesto de impacto ambiental, lo que sería suficiente para que la autoridad le revocara la licitación.

“Pero todo sigue igual o peor, hace una semana seguía funcionando el horno; entonces nos sentimos sin opciones, abandonados”, expresó Balcázar Villarreal.

No es posible que la Semarnat “levante la mano” para defender el proyecto del Tren Maya, y no se sume a una lucha justa para echar de San Fernando una empresa que, amparada por la ilegalidad, atenta contra las poblaciones y el medio ambiente, concluyó.

Con información de La Silla Rota

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