FILIPICAS
Por Paco Ramírez
Las jornadas Ciudad Digna en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez no son solo un operativo de limpieza: son la señal más visible de que en la Seinfra algo cambió de fondo. El ramo donde durante décadas se cobraron diezmos opera hoy con Comité de Obra Pública, tabulador homologado y funcionaria al frente.
Hay funcionarios que administran sus secretarías desde el escritorio. Y hay otros que se ponen los zapatos de campo y aparecen donde se necesita que alguien aparezca. Anakaren Gómez Zuart, titular de la Secretaría de Infraestructura de Chiapas, pertenece al segundo tipo. Las jornadas de limpieza Ciudad Digna que encabezó esta semana en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez son la expresión más reciente de ese estilo de gestión, pero no la única.
En Tapachula, el operativo desplegó 10 retroexcavadoras, tres excavadoras, 12 volteos, tres unidades de respuesta inmediata, seis camionetas, cuatro podadoras y más de 150 personas organizadas en cuadrillas. El objetivo: desazolve, limpieza y retiro de material de arrastre en puntos estratégicos del municipio, con el inicio de la temporada de lluvias como contexto inmediato y la prevención de inundaciones como propósito real.
En Tuxtla Gutiérrez el despliegue fue aún mayor: 13 camiones de tres toneladas, 19 retroexcavadoras, 21 volteos, 27 camionetas pick up y estaquitas, dos equipos Bobcat, dos camiones multipropósito, tres unidades motorizadas y más de 200 personas coordinadas en cuadrillas de trabajo. No se trató de una foto frente a una pala mecánica. Fue un operativo real, con recursos reales, ejecutado con la participación de colegios de profesionistas, cámaras empresariales, asociaciones y ciudadanía.
Ese detalle no es menor. La suma de actores en estas jornadas —sector privado, organizaciones profesionales, sociedad civil— habla de una forma distinta de gestionar la obra pública: no como feudo cerrado, sino como espacio de colaboración y rendición de cuentas frente a actores que también tienen voz y que observan.
El ramo de los diezmos: historia de una herencia incómoda
Para entender el peso de lo que está ocurriendo en la Seinfra chiapaneca bajo esta administración, hay que recordar qué era ese ramo antes. La Secretaría de Infraestructura —o sus denominaciones anteriores como Secretaría de Obras Públicas— fue durante décadas uno de los espacios más opacos de la administración pública estatal. Los diezmos, esa práctica arraigada en la que los contratistas pagaban entre el 10 y el 15 por ciento del monto de la obra para acceder a los contratos de obra pública, fueron durante largos periodos un mecanismo informal pero sistemático de extracción de recursos que encarecía las obras, degradaba su calidad y corrompía la cadena desde la licitación hasta la supervisión.
El problema no era exclusivo de Chiapas. En todo el país, la obra pública padeció esquemas similares. Pero en un estado con los niveles de pobreza y rezago de Chiapas, donde cada peso mal gastado tiene un costo social altísimo, la corrupción en infraestructura no era solo un problema ético: era un obstáculo directo al desarrollo.
Lo que la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar planteó desde el inicio fue romper con esa inercia. Gómez Zuart recibió el encargo con un mandato claro: transparencia y honestidad en cada proceso. Y las acciones institucionales que ha impulsado en año y medio de gestión van en esa dirección.
Las piezas del cambio institucional
En diciembre de 2024, a semanas de haber arrancado la actual administración, se instaló formalmente el Comité de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Estado. En su primera sesión, con la presencia de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno y el auditor superior del estado, Gómez Zuart dejó el mensaje en términos concretos: todo proceso de contratación deberá cumplir la normatividad vigente, sin excepciones.
En mayo de 2025, la Seinfra y el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado dieron otro paso que en apariencia técnica pero que tiene un efecto anticorrupción directo: homologaron el Tabulador de Precios Unitarios de la Obra Pública en Chiapas. El tabulador es el instrumento que define cuánto debe costar cada concepto de obra. Cuando ese instrumento es opaco o arbitrario, las sobrevaluaciones son fáciles de esconder. Cuando se homologa, se socializa y se expone al escrutinio de los colegios profesionales y las cámaras empresariales, el margen para el inflado discrecional se reduce de manera sustancial.
En paralelo, la secretaria ha mantenido una agenda de vinculación territorial inusualmente activa para el cargo. Reuniones con presidentes municipales de distintas regiones —desde municipios en situación de pobreza extrema hasta cabeceras regionales— visitas de supervisión de obra en Comitán, Chanal, Chalchihuitán, Pijijiapan y decenas de comunidades más. Una agenda que, en otro tiempo, hubiera sido delegada a subsecretarios o visitadores.
La firma de convenio con el IEPC Chiapas para acompañar los procesos constructivos del instituto electoral con supervisión técnica especializada es otro dato que pasa inadvertido pero que resulta significativo: se trata de llevar la lógica de la supervisión profesional a espacios que históricamente han manejado sus obras con poca vigilancia externa.
El contexto político: la infraestructura en temporada electoral
No hay que ser ingenuo. Las jornadas Ciudad Digna ocurren en un año en que el calendario político empieza a moverse en Chiapas. El ciclo electoral de 2027 —con la renovación de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez y docenas de alcaldías más, Asi como el cambio en el Poder Legislativo— está en el horizonte de todos los actores políticos del estado, incluidos los que forman parte del gabinete de Eduardo Ramírez.
Una secretaría de infraestructura que entrega obras visibles, que moviliza maquinaria en las principales ciudades del estado, que suma a la ciudadanía y al sector privado en operativos de imagen positiva, es también una secretaría que construye capital político. Eso no invalida el trabajo real; simplemente lo contextualiza. La política no ocurre en el vacío y los funcionarios que operan bien en este tipo de cargo son los que entienden que la obra pública bien ejecutada es, al mismo tiempo, política pública eficaz y comunicación de gobierno efectiva.
Lo que distingue la gestión de Gómez Zuart hasta ahora es que el trabajo precedido a la visibilidad, no al revés. Los mecanismos institucionales —el Comité de Obra Pública, el tabulador homologado, los convenios de supervisión— se instalaron antes de la temporada de marchas y operativos vistosos. Eso le da consistencia al discurso de transparencia que se enuncia desde la Seinfra.
Una secretaria incansable en el ramo más exigente
El cargo que ocupa Anakaren Gómez Zuart es, por definición, uno de los más demandantes del gabinete chiapaneco. La Seinfra es la dependencia que ejecuta obra pública en uno de los estados con mayor rezago de infraestructura del país, con una geografía que va de la selva a la costa, de las regiones altas a los municipios fronterizos, con comunidades que llevan décadas esperando un camino, una escuela, un sistema de agua. El presupuesto que maneja es significativo, la presión social es constante y los actores que buscan incidir en los contratos son muchos y organizados.
Operar ese espacio con la agenda que Gómez Zuart ha mantenido —campo, supervisión, vinculación, mecanismos anticorrupción— requiere una capacidad de trabajo fuera de lo ordinario. Las jornadas Ciudad Digna en Tapachula y Tuxtla, con la maquinaria desplegada y la coordinación interinstitucional que demandan, son una muestra de esa energía operativa.
Chiapas tiene una deuda histórica en infraestructura que no se salda en un sexenio. Pero el cambio de cultura en la gestión de la obra pública —el fin de los diezmos como práctica sistemática, la apertura a la supervisión externa, la vinculación con colegios y cámaras— es el primer paso sin el cual ninguna cifra de inversión tiene efecto duradero. En ese primer paso, la titular de la Seinfra ha puesto el cuerpo.