FGR JUSTICIA CONTRA LOS OPOSITORES
Fernando Hinterholzer Diestel
El nombramiento de Ernestina Godoy al frente de la fiscalía general de la República (FGR) fue un mensaje político del papel que desempeñara en el gobierno de la presidente Sheinbaum. Y es que, desde el inicio de su muy reciente gestión, reveló que su papel no será el de una pulcra administradora de justicia, sino el de un instrumento judicial perverso de poder de la 4T, para encarcelar y destruir a los opositores que denuncian y crítican las atrocidades que cometen los Morenistas. Y para muestra, basta un botón, con la detención de César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de corrupción durante su administración, y a pesar que en realidad se trata de un expediente ya juzgado en el pasado, ahora tratan de presentarlo como “un trofeo contra la corrupción e impunidad”. Pero, además, ya es notorio que la nueva fiscal trae prisa de irse contra los opositores del régimen, con la nueva denuncia contra María Amparo Casar (la cual no prosperara por ser improcedente). Aquí no se trata de un expediente viejo, sino de un intento de desacreditar a una voz incómoda. Casar, al frente de “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, ha documentado con pruebas verificables la corrupción que rodea a López Obrador, sus hijos, parientes y amigos, quienes siguen gozando cínicamente de favores y contratos bajo la sombra de una justicia selectiva. En lugar de responder con transparencia a esas denuncias, el régimen opta por perseguir a quien las revela, utilizando el tema de su pensión como un arma política.
Sin embargo, como he comentado en anteriores colaboraciones, la llamada Cuarta Transformación, encarcela y castiga a políticos de oposición del pasado pero en contraste guardan silencio ante los señalamientos probados e inocultables contra figuras políticas de primer orden dentro de Morena: Los hijos de Obrador, Adán Augusto López Hernández, Rubén Rocha, Américo Villarreal, Marina del Pilar, Ricardo Peralta, Mario Delgado, Rutilio Escandón, Pedro Haces, Raúl Rocha Cantú, los exfuncionarios de Segalmex, los hermanos Farias Lagunes y una larga lista de políticos y funcionarios que cuentan con denuncias y señalamientos que, sin embargo, no han generado acción alguna por parte de la fiscalía. La omisión y negligencia es tan evidente como las acciones: se amenaza y castiga a los adversarios, pero se protege a los aliados, incluso cuando las acusaciones son graves y documentadas. La justicia se convierte en un arma de uso selectivo, y la imparcialidad constitucional queda reducida a un discurso vacío. Así, la “transformación” avanza peligrosamente con amenazas y actos intimidatorios, con el firme propósito de no soltar el poder a ningún costo.
La culpabilidad de cada uno de ellos deberá ser resultado del juicio de las autoridades judiciales correspondientes. Lo que sí podemos señalar, es la ausencia absoluta de la más mínima revisión de la actuación de varios gobernadores y exgobernadores pertenecientes a “la Cuarta Transformación”, quienes se han visto involucrados en hechos ilegales, y que ameritan ser llamados a declarar. Ciertamente, que el fuero del que gozan todos impide que puedan ser procesados, pero Morena (partido de todos ellos) tiene los votos suficientes en el Congreso para retirarles dicho fuero. Y tal parece que ha decidido no hacerlo. Y si hablamos de los Gobernadores de Sinaloa y Michoacán, señalados en sus respectivas entidades por buena parte de la población, a causa de la violencia que padecen, evidenciados por sus nexos con organizaciones criminales. Lo que sí es cada vez más evidente que hay dos varas para medir presuntos delitos cometidos por políticos de su nivel: una para los miembros del oficialismo y otra para los de la oposición.
Los mexicanos sabemos que nuestra corrupción es “un acto cultural”. La observamos y practicamos cotidianamente, a través de “mordidas”, cada vez que nos topamos con la policía o hacemos trámites gubernamentales. La vemos en escándalos públicos que muestran el enriquecimiento de políticos o la connivencia entre autoridades y criminales. Por eso en los estudios demoscópicos, los que miden percepciones, nuestro país aparece entre los más corruptos. Hay cantidad de corruptelas de las que ni cuenta nos damos. Si rascamos un poco podemos concebir el tamaño real de la corrupción en México, que es mucho mayor de lo que creemos. En los últimos meses, supimos de casos tan terribles como insospechados. Conocimos, sobre un grupo criminal en el sureste jefaturado por el secretario de seguridad estatal, de un esquema de contrabando de combustible orquestado por mandos de la Marina y, para colmo, de un probable amaño del certamen de Miss Universo que ganó una paisana nuestra realizado por el codueño de la franquicia, un señor metido en mil negocios sucios en el sexenio pasado que se paseaba por el mundo como empresario respetable. Resulta que esta persona, que aparece muy oronda en fotografías de ceremonias previas al concurso, y es testigo protegido de la Fiscalía para revelar los intríngulis delincuenciales en que participaba.
No sé qué cosas haya cambiado la 4T, pero la corrupción no es una de ellas. La impunidad, los mecanismos, las complicidades, todo sigue igual. Lo mismo en la corruptela nuestra de cada día, la transa hormiga, que en los inmensos saqueos instrumentados desde el vértice del poder. Y es que el problema no se resuelve con voluntarismo. Está enraizado en incentivos perversos que hacen más conveniente evadir o violar la ley que cumplirla, en complejas maquinarias de bribonería que benefician a muchos y que se perpetúan en la protección de gobiernos autoritarios, y su solución presupone estrategias sofisticadas y contrapesos, no demagogia. ES CUANTO
ADDENDUM: Otro escándalo de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López. De acuerdo con una investigación de elceo.com, el Ayuntamiento de Acapulco operó durante 2025 una bolsa de más de 400 millones de pesos en contratos públicos que, en los hechos, funcionó como una “caja chica” del gobierno municipal. El análisis de cerca de 200 documentos oficiales revela que una parte relevante de esos recursos fue adjudicada de manera directa a empresas de reciente creación, sin historial en obra pública o con vínculos políticos.