Fernando Hinterholzer Diestel
El cobro por derecho de piso en los poblaciones pequeñas y ciudades, es extorsión directa a la población rural y a la gente común y corriente., es el monopolio del crimen organizado en la economía. La reacción de los habitantes del municipio de Texcaltitlán, en el sur del Estado de México, al defenderse de los sicarios que los extorsionan con sus cosechas da muestra del hartazgo de la gente y de la grave omisión del gobierno para atacar de raíz la problemática de la inseguridad. El resultado del enfrentamiento 14 fallecidos, muchos de ellos pertenecientes a los sicarios de la Familia Michoacana. Y es que el problema de la inseguridad está incontrolable, que, en la región de Tierra Caliente en los estados de Michoacán, Guerrero y el sur del Edo. Mex, de hecho, han creado una forma del intermediarismo comercial, para extorsionar al pueblo. Son los criminales del grupo de la Familia Michoacana quienes tienen el control de la venta muchos productos de primera necesidad, como el pollo, huevo, refrescos, cervezas, gasolina y hasta tortilla. Es el monopolio perfecto del intermediarismo: sin competencia, e imponiendo tarifas sobre los productos, lo que origina inflación. La torpe y lenta y criminal reacción que tuvo el gobierno de la 4T, ante la masacre de Texcapilla en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, es una prueba clara de que los únicos responsables de que los pobladores de ese municipio hayan tomado las armas, y machetes para enfrentar al grupo criminal que los acosa y amedrenta, aun a costa de arriesgar su vida, son los gobiernos federal, estatal y municipal que, olvidando su obligación primigenia de resguardar la seguridad y tranquilidad de la sociedad, provocando que los lugareños decidieron rebelarse y armarse para defenderse, ante la negligencia y complicidad de las autoridades federales, estatales o municipales con las fuerzas oscuras del crimen organizado.
Y efectivamente, hay amplias evidencias que “ante los abrazos y atenciones a los sicarios por parte del inquilino de Palacio” y la nula presencia de los gobiernos, “empezó a ocurrir el cobro de derecho de piso” en el que grupos criminales, comenzaron a cobrarles a los campesinos y habitantes de pueblos pequeños, en municipios de Guerrero y el Estado de México, desde organizar una fiesta privada o vender paletas en los parques, hasta por las cosechas de alimentos y productos del campo, incluyendo pagos por construir o remodelar una casa, o un porcentaje por los ingresos que obtuvieran por sus ventas las microtiendas ,mecánicos, y finalmente obligar a toda la población a que les compren cerveza, tortillas, y todo artículo de primera necesidad. a ellos los materiales de construcción, un mercado del cual se han apropiado en varios estados de la República. Al mismo tiempo que someten y amedrentan a la población, que paga por miedo y que no es defendida ni por los presidentes municipales y mucho menos por las policías locales, los narcos se permitieron controlar mercados locales. La rebelión del pueblo contra de la violencia, el narcotráfico, la explotación y la ausencia del Estado, ya inicio en Texcaltitlán, y quizá está comenzando una resistencia popular en las zonas controladas por el crimen organizado. Quizá no será una resistencia organizada, pero sí habrá una guerra intermitente que hará crecer la violencia exponencialmente en el país.
Mientras las Fuerzas Armadas “se dedican a los grandes negocios” construyendo aeropuertos y ferrocarriles, al mismo tiempo que administran, puertos y aduanas, el crimen organizado crece y se fortalece y expandiendo su poderío hacia nuevos territorios del país. Los militares se distraen en sus negocios y una guerra de baja intensidad atrapa a regiones extensas del país se incrementa su capacidad de fuego y en número de sicarios en sus filas. Hoy, los cárteles de Sinaloa y CJNG y sus grupos locales asociados tienen más movilidad y capacidad de ataque que el Ejército y la Marina. La sociedad civil está expuesta a las agresiones, cobros de piso y chantajes del crimen organizado y lamentablemente, el Estado está presente cuando se le requiere. Sucede en Michoacán con los aguacateros y limoneros, con los agricultores del Bajío, al igual que los campesinos del Estado de México. En Chiapas, el asesinato de líderes comunitarios y del EZLN a manos de los criminales de los cárteles en pugna por el control territorial de la zona fronteriza de Comalapa es cosa de todos los días. Y peor aun lo que sufren los migrantes, que son robados, secuestrados y asesinados, al cruzar el país para llegar a la frontera norte, además de pagar a los cárteles si quieren llegar vivos a su destino.
Es evidente la ausencia del Estado mexicano para cumplir y hacer cumplir con el mandato constitucional de proteger la vida de los ciudadanos y sus bienes. Está situación derivó en una creciente y violenta guerra constante y de baja intensidad entre cárteles y sociedad organizada. Pero todo tiene un límite, y la población, harta de vivir años de miedo, de perder lo trabajado por la extorsión, indignados por el anuncio de nuevos cobros impuestos por los criminales que desde hace tanto tiempo se han apoderado de sus vidas, los habitantes de Texcaltitlán tomaron la decisión de masacrar a los criminales. Guerra civil o tomar la justicia por sus propias manos, ya lo veremos en los siguientes meses. La realidad va derrotando a López Obrador y quien cargará por siempre los cinco años con más homicidios dolosos en la historia del país. Pero, sobre todo, por la derrota del Estado mexicano, que no cumplió con aquello para lo que fue creado: la seguridad de sus ciudadanos.
ES CUANTO ADENDDUM: los enemigos de la sociedad son los criminales, pero la prioridad oficial de la 4T, es combatir a los adversarios políticos. Para ello no limitan recursos y violan las leyes que les estorban para cumplir su cometido de regresar a los tiempos del partido casi único. El proyecto de 4 “transformación” es la del poder y todo se subordina a eso, olvidándose de la seguridad. En los comicios del 2021 se exhibió la operación electoral de los cárteles en toda la costa del pacifico y nada se está haciendo para combatirla en las del próximo año porque, como entonces, pretenden beneficiarse de ella. No hay manera de ocultar este sexenio de horror en materia de violencia y asesinatos. La realidad derrotó a López Obrador y cargará por siempre con cuatro de los cinco años con más homicidios dolosos –faltando uno– en la historia del país. Pero, sobre todo, por la derrota del Estado mexicano, que no cumplió con aquello para lo que fue creado: la seguridad de sus ciudadanos.